La denuncia interpuesta por el Vocal del CJPJ Don José Manuel Gómez Benítez contra el Presidente del Poder Judicial Don Carlos Dívar sólo tiene dos hipótesis posibles:

a) Que el Vocal Don José Manuel Gómez Benítez se haya vuelto loco y le haya tocado en una tómbola su cátedra de derecho penal.

b) Que la citada denuncia tenga sustento y evidentes indicios racionales de que todo lo que se afirma en la misma, sea veraz y, por ende, se haya perpetrado un delito de malversación de caudales públicos.

Con independencia del resultado de la investigación judicial de la denuncia, lo que no es de recibo es que Don Carlos Dívar siga un minuto más ejerciendo sus funciones tanto en el Tribunal Supremo como en el Consejo General del Poder Judicial, él mismo debería apartarse voluntariamente de sus funciones jurisdiccionales y/o administrativas hasta que se termine la investigación de la que es objeto, y delegar sus funciones en el Vicepresidente del CJPJ, y si no se aparta voluntariamente de sus funciones, El Fiscal General del Estado o el Instructor del procedimiento, le debe suspender cautelarmente de sus funciones, mientras dure la investigación; cualquiera de estas opciones sería una buena lección a todos los ciudadanos en el sentido de que efectivamente vivimos en una sociedad libre y democrática, donde la ley es igual para todos, incluidos los jueces y magistrados.

Pero visto lo visto, se comprueba una vez más que en nuestra querida España, una vez obtenido un cargo (sea de la importancia que sea) se amarra uno a la silla o al sillón con un pegamento especial imposible de separar a la persona que ocupa el cargo de la poltrona.