Quieren acabar con todo
El reciente anuncio del gobierno de España de un recorte adicional de diez mil millones de euros (sobre lo ya previsto en el proyecto de Presupuesto de 2012), que se aplicará a la sanidad y a la enseñanza pública, no hace sino poner de manifiesto lo acertado del lema de la Huelga General del pasado 29 de marzo: “Quieren acabar con todo”. Y más concretamente, quieren acabar con el estado del bienestar, con una sanidad y una educación públicas de calidad para toda la ciudadanía, y con la atención a las personas en situación de dependencia.
Sin querer pecar de inmodestia yo animo al lector a que repase mi artículo titulado “Servicios Públicos Esenciales” del pasado 7 de diciembre de 2010 (podrá encontrarlo en la excelente web de Crónicas de un Pueblo www.cronicasdeunpueblo.com).
En el artículo, escrito hace más de año y medio, se reflexionaba sobre la deriva que tomaría la sostenibilidad de los servicios públicos según quién ganara la elecciones que entonces se avecinaban. Finalmente el tiempo, frente a las demagogias, da y quita razones, y el Partido Popular, ganador de la mayoría de los procesos electorales, está procediendo como yo advertía entonces al desmantelamiento de la educación y de la sanidad públicas, que hasta ahora hemos venido considerando como parte del “salario diferido” de los trabajadores y trabajadoras de España.
Es verdad que la drástica disminución de la actividad económica (producida por la deuda de los bancos) tiene como consecuencia la disminución de recaudación de las administraciones públicas. Pero este déficit no tiene por qué ser corregido exclusivamente por la vía del recorte presupuestario, que está teniendo como consecuencia indebida un desmantelamiento sistemático de los sistemas públicos de enseñanza y sanidad.
Antes bien, como recomiendan distintos expertos y organizaciones sociales (entre otras, los sindicatos de clase) hay que equilibrar este efecto negativo con un aumento de la recaudación tributaria y una lucha más eficiente contra el fraude fiscal y laboral.
Lo que está haciendo el gobierno con la sanidad y la educación es aprovechar la crisis para adelgazar los servicios públicos, pero no le escucharemos decir al Señor Rajoy ni al Señor Monago que cuando la economía se recupere se volverá a la situación actual, porque no es eso lo que se quiere. Y cuanto antes lo tengamos claro mejor.
Es el momento de luchar por los servicios públicos de calidad. Dentro de un año nos han anunciado un nuevo recorte sobre lo que poco que ahora quede, y después de eso la situación será irreversible: la sanidad y la educación de calidad serán para los que tengan recursos económicos y los demás, a la beneficencia. Si no, al tiempo.
El reciente anuncio del gobierno de España de un recorte adicional de diez mil millones de euros (sobre lo ya previsto en el proyecto de Presupuesto de 2012), que se aplicará a la sanidad y a la enseñanza pública, no hace sino poner de manifiesto lo acertado del lema de la Huelga General del pasado 29 de marzo: “Quieren acabar con todo”. Y más concretamente, quieren acabar con el estado del bienestar, con una sanidad y una educación públicas de calidad para toda la ciudadanía, y con la atención a las personas en situación de dependencia.
Sin querer pecar de inmodestia yo animo al lector a que repase mi artículo titulado “Servicios Públicos Esenciales” del pasado 7 de diciembre de 2010 (podrá encontrarlo en la excelente web de Crónicas de un Pueblo www.cronicasdeunpueblo.com).
En el artículo, escrito hace más de año y medio, se reflexionaba sobre la deriva que tomaría la sostenibilidad de los servicios públicos según quién ganara la elecciones que entonces se avecinaban. Finalmente el tiempo, frente a las demagogias, da y quita razones, y el Partido Popular, ganador de la mayoría de los procesos electorales, está procediendo como yo advertía entonces al desmantelamiento de la educación y de la sanidad públicas, que hasta ahora hemos venido considerando como parte del “salario diferido” de los trabajadores y trabajadoras de España.
Es verdad que la drástica disminución de la actividad económica (producida por la deuda de los bancos) tiene como consecuencia la disminución de recaudación de las administraciones públicas. Pero este déficit no tiene por qué ser corregido exclusivamente por la vía del recorte presupuestario, que está teniendo como consecuencia indebida un desmantelamiento sistemático de los sistemas públicos de enseñanza y sanidad.
Antes bien, como recomiendan distintos expertos y organizaciones sociales (entre otras, los sindicatos de clase) hay que equilibrar este efecto negativo con un aumento de la recaudación tributaria y una lucha más eficiente contra el fraude fiscal y laboral.
Lo que está haciendo el gobierno con la sanidad y la educación es aprovechar la crisis para adelgazar los servicios públicos, pero no le escucharemos decir al Señor Rajoy ni al Señor Monago que cuando la economía se recupere se volverá a la situación actual, porque no es eso lo que se quiere. Y cuanto antes lo tengamos claro mejor.
Es el momento de luchar por los servicios públicos de calidad. Dentro de un año nos han anunciado un nuevo recorte sobre lo que poco que ahora quede, y después de eso la situación será irreversible: la sanidad y la educación de calidad serán para los que tengan recursos económicos y los demás, a la beneficencia. Si no, al tiempo.
