En este sentido, el Gobierno de Extremadura recuerda que la Administración no es la responsable de las ofertas presentadas a un procedimiento de contratación, sino de aplicar con rigor y objetividad los criterios objetivos de resolución contemplados tanto en los pliegos que rigen dicho procedimiento, como en la Ley de Contratos del Sector Público.

Así, ha sido la oferta más ventajosa la que ha obtenido la adjudicación del contrato, a una considerable distancia de la segunda mejor oferta, cuyo precio por impresión de página era sesenta céntimos mayor que el ofrecido por la empresa adjudicataria.

En este sentido, al Gobierno de Extremadura también hubiera deseado que el coste estimado del contrato hubiera ido a parar a la contabilidad de una empresa extremeña “pero es la Ley de Contratos la que impone las reglas y el contrato de edición y maquetación del DOE se ha firmado con la empresa que presentó la proposición más ventajosa y más beneficiosa para los intereses dela Administración y, por tanto, de todos los extremeños”. Igualmente lamenta que “dirigentes políticos cuya obligación es garantizar y fomentar el cumplimiento de la legalidad lleguen a plantear sin rubor la posibilidad de parametrizar un contrato público por razones territoriales o cualquier otro motivo espurio a la normativa aplicable”.