Dice ARMEX textualmente en la Nota de Prensa:

“Ante la noticia aparecida en los medios, en el sentido de que la Diputación de Cáceres, ha anunciado que no va cumplir con sus obligaciones y aportaciones comprometidas de 20.000 euros, derivadas del vigente CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO ENTRE LA JUNTA DE EXTREMADURA, LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BADAJOZ, LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES Y LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA PARA LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN “MEMORIA HISTÓRICA EN EL SIGLO XX EN EXTREMADURA”, que entró en vigor el día 1 de enero de 2010 y extiende su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2013, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura, manifiesta su total disconformidad y profundo rechazo ante tal decisión.
 
Es de lamentar que escudándose en una pretendida razón de “disponibilidad presupuestaria”, el nuevo equipo de Gobierno de la Diputación de Cáceres, haya decidido unilateralmente, no cumplir con sus compromisos firmados y suscritos hasta Diciembre de 2013, vulnerando lo pactado, en una materia tan sensible como la contemplada en ese Convenio. Entendemos que es una decisión política clara que anuncia el desentendimiento del nuevo equipo de Gobierno de dicha institución para con sus compromisos y con la debida atención a las legítimas demandas de los ciudadanos extremeños, que aún ignoran el paradero de sus familiares, algunos aún en fosas comunes, aunque se disfrace con otras motivaciones.


Recordemos que ese Convenio entró en vigor en 2010, estando las cuatro Instituciones, entre ellas la Diputación de Cáceres, conformes con los resultados obtenidos en la colaboración desarrollada durante las previas anualidades 2006 a 2009, por lo que establecieron un nuevo convenio por un periodo de cuatro años, Convenio que siendo mejorable en algunos aspectos es indudable que ha tenido y tiene un claro fin de utilidad pública e interés social reconocido legalmente; teniendo en cuenta tal y como se reconoce por la propia Diputación cacereña al firmar el Convenio en el propio texto del mismo puntos tercero y cuarto, que se ha desarrollado en estos años “un exhaustivo trabajo por parte de los investigadores y técnicos que componen el equipo de ese proyecto”.


Que con esta decisión la Diputación de Cáceres, demuestra su total insensibilidad y cruel desprecio por la creciente demanda social de información por parte de familiares que perdieron a algunos de sus miembros a causa de actos represivos durante la Guerra Civil y el Franquismo, facilitándole datos sobre lo sucedido, y dificulta las ayudas oficiales para poder continuar con la labor de  exhumación de fosas repartidas por toda la geografía extremeña, de acuerdo con la creciente demanda de familiares.
Una decisión de este tipo de la Diputación cacereña, de confirmarse de forma efectiva, supone una burda reedición del pacto de silencio oficial sobre un pasado que al perecer aun hoy algunos sectores de la derecha sigue considerando imprescindible.


La lucha de todos los demócratas, que nos negamos a olvidar a los que se inmolaron por defender un gobierno legítimamente constituido y unos modelos sociales más libres y justos, seguirá adelante. La dignidad de ellos y de nuestra sociedad extremeña, si realmente quiere ser auténticamente democrática, lo exige, así como la consecución de unas políticas públicas de la memoria como en otros países de nuestro entorno. Y todo ello, porque una democracia, sin memoria, no merece tal nombre. La memoria de las víctimas, de cada una de ellas, de sus familias, y de tantos represaliados, que padecieron el injusto y aborrecible golpe de la represión y la dictadura franquista, en Extremadura, durante tanto años, nos debe acompañar siempre.


Como dijo Juan Gelman, poeta y premio Cervantes de las letras 2008: “hay quienes vilipendian este esfuerzo de memoria. Dicen que no hay que remover el pasado, que no hay que tener ojos en la nuca, que hay que mirar hacia adelante y no encarnizarse en reabrir viejas heridas. Están perfectamente equivocados. Las heridas aún no están cerradas. Laten en el subsuelo de la sociedad como un cáncer sin sosiego. Su único tratamiento es la VERDAD. Y LUEGO, LA JUSTICIA”.



Por todo ello la ARMHEX insta al equipo de gobierno de la Diputación de Cáceres a que reconsidere tal decisión y así mismo insta todos los grupos políticos y sociales sensibles con este problema, a que se movilicen de cara a exigir dicha rectificación, a través de mociones y pronunciamientos públicos”.