Por una curiosa paradoja, el mismo día que conocíamos la lamentable noticia de que 5.457 extremeños se han quedado sin trabajo en el mes de septiembre, conocíamos otra en el extremo opuesto del panorama del paro nacional: las escandalosas indemnizaciones por despido en Novacaixagalicia. Esta entidad ha nombrado un nuevo equipo directivo y  por este motivo el anterior equipo ejecutivo pidió su prejubilación. Como saben, entre la indemnización y el coste del seguro que cubre el pago del sueldo íntegro hasta el fallecimiento, la entidad destinó nada más y nada menos que 23`6 millones de euros a la salida de estos tres altos cargos. Lo peor del caso es que esta caja había sido intervenida con el dinero de todos los españoles, es decir, que había recibido del gobierno de España 2.465 millones para rescatarla de su mala situación económica.
Al preguntarle por este asunto, la ministra de economía, Elena Salgado contestó que ella no estaba de acuerdo, pero que seguramente, con la ley en la mano, esto era legal. Confieso que me quedé atónita. Es decir,  que la ley permite y regula el robo a mano armada a los ciudadanos, regula la posibilidad de que nos tomen el pelo de forma soberana. La legislación da  el visto bueno para que  José Luis Pego, ex director general de Novacaixagalicia, cobre una indemnización de 10,8 millones por prejubilarse a los 54 años; al ex responsable del grupo inmobiliario, Gregorio Gorriarán, 7,5 millones y al ex director general adjunto, Javier García Paredes, 5,3 millones. Eso sí, a este último directivo le correspondían 10 millones, pero parece ser que, en un arranque de “honradez”,  renunció a 4,7 millones porque le parecía una cantidad excesiva. Si no fuera tan trágica la situación que hay a nuestro alrededor, diría que es de risa. Pero lo cierto es que no entiendo que le tengan que dar una indemnización a personas que han dado claras pruebas de su incompetencia,  ya que las empresas que dirigían se han venido abajo.
Reconozco que esta noticia me ha desbordado. En   nuestra comarca de las Vegas Bajas, el paro aumentó en septiembre en 384 personas, llegando a los 5.429 desempleados. Cada uno de ellos vive el día a día pensando cómo resolver su futuro inmediato y sin entender “qué” o “quién”  les ha llevado a esta situación. Hablamos de gente trabajadora que trata de sacar su familia adelante con la dignidad que se presupone en un país desarrollado como el nuestro y que en estos últimos años de bonanza habían visto, por fin un arranque de prosperidad.  Con lo que no contábamos es con este moderno Robin Hood, que equivocando su función y  con la ley en la mano, se dedica a robar al pueblo para crear nuevos millonarios. Si nuestra legislación  permite estos disparates, que la revisen, que la cambien, que cumpla su función de servir a la justicia y no a los bolsillos de los sinvergüenzas. Con cinco millones de parados en nuestro país, sería buen momento para analizar con lupa las lagunas legales que tiene nuestro sistema,  porque nos estamos ahogando en ellas sin remedio.