El Régimen General de la Seguridad Social llega al campo
La aprobación final por el Senado del Proyecto de Ley de Integración de los Trabajadores por Cuenta Ajena del Régimen Especial Agrario en el Régimen General de la Seguridad Social supone la superación una larga etapa de injusticia y discriminación para los trabajadores y trabajadoras agrarios y la satisfacción de una continua reivindicación sindical. La aprobación definitiva de la normativa es un hecho histórico y viene a saldar la gran deuda que la democracia tenia con los hombres y mujeres del campo (850.000 en España, 65.000 en Extremadura).
Se sigue manteniendo las prestaciones el Subsidio Agrario y la Renta Agraria para los trabajadores eventuales agrarios incluidos en el Sistema Especial de Andalucía y Extremadura.
Por primera vez se prevé el derecho la jubilación anticipada para los trabajadores y las trabajadoras del campo. La Prestación por desempleo para los trabajadores fijos y fijos discontinuos será la establecida para los trabajadores del Régimen General de la Seguridad Social, así como el compromiso de ir estableciendo un primer nivel de subsidios asistencial para los trabajadores del sistema especial que, para los trabajadores eventuales, se integra en el Régimen General.
Igualmente se asimila la acción protectora de los trabajadores por cuenta ajena del sector agrario con los del Régimen General en las prestaciones económicas de Maternidad, Paternidad, Incapacidad permanente, muerte y supervivencia derivadas de contingencia comunes y jubilación. También se fija la cotización por Formación Profesional, lo que permitirá incrementar los recursos para atender el importante déficit de Formación Profesional en el sector agrario.
No ha sido fácil. La incorporación al Régimen General ya se contemplaba en el Acuerdo que CCOO firmó en solitario con el gobierno del Partido Popular en el 2006, que contemplaba las modificaciones que se hacen periódicamente en la gestión de la Seguridad Social siguiendo lo previsto por los Pactos de Toledo. Sin embargo ni el gobierno de Aznar, ni el siguiente gobierno de Zapatero cumplieron lo pactado, a pesar de las movilizaciones de los sindicatos (esta era una de las reivindicaciones de la Huelga General del 29 de Septiembre de 2010).
Finalmente el asunto se incorporó, otra vez, al Pacto Económico y Social firmado por CCOO y UGT con el gobierno actual, el pasado 29 de febrero. Como ahora puede verse ese pacto, en el que se anticipan modificaciones sustanciales sobre el sistema de pensiones desde el 2013 al 2027, y que tantas críticas ha recibido, contiene también elementos de avance en los derechos laborales, además de garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones.
Ni que decir tiene que solo con la capacidad de negociación, de movilización y de propuesta de los sindicatos de clase se pueden conseguir objetivos tan importantes. En otro escenario, de debilidad sindical, lo previsible sería la reducción de las cuotas empresariales y el debilitamiento de la Seguridad Social, si no directamente su privatización y en consecuencia la pérdida de su carácter solidario. Hemos de valorar lo conseguido en lo que vale. La Seguridad Social, igual que la sanidad y la enseñanza públicas, es parte de nuestro salario.
La aprobación final por el Senado del Proyecto de Ley de Integración de los Trabajadores por Cuenta Ajena del Régimen Especial Agrario en el Régimen General de la Seguridad Social supone la superación una larga etapa de injusticia y discriminación para los trabajadores y trabajadoras agrarios y la satisfacción de una continua reivindicación sindical. La aprobación definitiva de la normativa es un hecho histórico y viene a saldar la gran deuda que la democracia tenia con los hombres y mujeres del campo (850.000 en España, 65.000 en Extremadura).
Se sigue manteniendo las prestaciones el Subsidio Agrario y la Renta Agraria para los trabajadores eventuales agrarios incluidos en el Sistema Especial de Andalucía y Extremadura.
Por primera vez se prevé el derecho la jubilación anticipada para los trabajadores y las trabajadoras del campo. La Prestación por desempleo para los trabajadores fijos y fijos discontinuos será la establecida para los trabajadores del Régimen General de la Seguridad Social, así como el compromiso de ir estableciendo un primer nivel de subsidios asistencial para los trabajadores del sistema especial que, para los trabajadores eventuales, se integra en el Régimen General.
Igualmente se asimila la acción protectora de los trabajadores por cuenta ajena del sector agrario con los del Régimen General en las prestaciones económicas de Maternidad, Paternidad, Incapacidad permanente, muerte y supervivencia derivadas de contingencia comunes y jubilación. También se fija la cotización por Formación Profesional, lo que permitirá incrementar los recursos para atender el importante déficit de Formación Profesional en el sector agrario.
No ha sido fácil. La incorporación al Régimen General ya se contemplaba en el Acuerdo que CCOO firmó en solitario con el gobierno del Partido Popular en el 2006, que contemplaba las modificaciones que se hacen periódicamente en la gestión de la Seguridad Social siguiendo lo previsto por los Pactos de Toledo. Sin embargo ni el gobierno de Aznar, ni el siguiente gobierno de Zapatero cumplieron lo pactado, a pesar de las movilizaciones de los sindicatos (esta era una de las reivindicaciones de la Huelga General del 29 de Septiembre de 2010).
Finalmente el asunto se incorporó, otra vez, al Pacto Económico y Social firmado por CCOO y UGT con el gobierno actual, el pasado 29 de febrero. Como ahora puede verse ese pacto, en el que se anticipan modificaciones sustanciales sobre el sistema de pensiones desde el 2013 al 2027, y que tantas críticas ha recibido, contiene también elementos de avance en los derechos laborales, además de garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones.
Ni que decir tiene que solo con la capacidad de negociación, de movilización y de propuesta de los sindicatos de clase se pueden conseguir objetivos tan importantes. En otro escenario, de debilidad sindical, lo previsible sería la reducción de las cuotas empresariales y el debilitamiento de la Seguridad Social, si no directamente su privatización y en consecuencia la pérdida de su carácter solidario. Hemos de valorar lo conseguido en lo que vale. La Seguridad Social, igual que la sanidad y la enseñanza públicas, es parte de nuestro salario.
