Constitución Española Artículo 1.1.
España se constituye en un Estado social y democrático de DERECHO, …


En estos días de verano ha habido en Montijo una polémica con las actividades lúdicas en el parque municipal., concretamente con las sesiones de cine y el origen del material exhibido.
La polémica tiene que ver con el hecho de que las películas utilizadas por las monitoras municipales podrían ser ilegales, es decir bajadas de internet y exhibidas sin permiso de sus legítimos propietarios.
Más allá de consideraciones éticas sobre los derechos de los autores y de los usuarios, la cuestión relevante es que se pueda siquiera plantear desde un ayuntamiento una actividad que es claramente ilegal. Porque exhibir películas sin permiso de sus propietarios es ilegal, aunque a algunos no les guste. Y se supone que la primera obligación de cualquier alcalde de cualquier pueblo de España es cumplir y hacer cumplir las leyes.
Claro que podría ser que, en lo que se refiere al alcalde de Montijo, no estemos ante un episodio sino ante una actitud.
Según se dice en una de las cartas de la polémica, la cosa habría llegado tan lejos como que se ha condenado al ayuntamiento de Montijo por robar la señal de internet, via wifi, de los vecinos de Puebla de la Calzada. Según parece el juez rebatió las disquisiciones sobre supuestos derechos de los usuarios con un escueto “la ley hay que cumplirla”.
Esta misma actitud prepotente es la que llevó al Sr. Monago, a nuestro alcalde y algún otro alcalde popular de las Vegas Bajas, a decir que no reconocerían al Sr. Fernández Vara como presidente de Extremadura si se hubiera dado el caso de haber sido investido con los votos de Izquierda Unida. Eso no ocurrió, como todos y todas sabemos, pero pudo haber ocurrido y hubiera sido legal.
Y es que algunos dirigentes, y algún que otro simpatizante, del Partido Popular parecen querer asumir un papel vital de héroe de película americana cuando se trata de cumplir las normas.
En su imaginario interior creen ser Rambo o estar en la Jungla de Cristal cuando sin dudarlo ni un instante afirman que la leyes están equivocadas en todo aquello que no les viene bien, y que, en consecuencia, están legitimado para incumplir aquellas normas que no les gustan.
O a lo mejor es que siguen el ejemplo de Aznar cuando dijo aquello de “¿Quién me tiene que decir a mí cuántas copas debo tomarme antes de conducir?”, como si a él la ley no pudiera ni siquiera rozarle, como si el Código de Circulación y el Código Penal no existieran.