En la recta final de una campaña electoral dominada por la avalancha propagandística de los dos grandes partidos que, sin ningún pudor, hacen alarde de su poderío publicitario en medio de una espeluznante crisis económica, se ponen de manifiesto las servidumbres de PSOE y PP respecto a una trasnochada forma de hacer política y a modelos de crecimiento económico inviables.

En una desesperada huída hacia delante, Fernández Vara y Monago pretenden ganar credibilidad prometiendo lo que no podrán cumplir y enzarzándose en dimes y diretes para distraer al personal y no hablar de la realidad de las cosas. Los dos candidatos prometen la instalación de una refinería en Tierra de Barros y el rescate de la industria del ladrillo tras el estallido de una burbuja inmobiliaria que nos trajo corrupción, despilfarro y una deuda impagable. Mientras, este gobierno no mueve un dedo para canalizar financiación hacia Pymes, autónomos y emprendedores, los verdaderos creadores de empleo en este país y el candidato de la oposición promete obra pública como si el Estado y sus empresas clientelares en estado comatoso dispusieran de recursos para resucitar este espejismo.

No hablan de la necesidad de fusionar los 383 ayuntamientos de la región, como se ha hecho en el resto de Europa, para garantizar los servicios a los ciudadanos y recortar el derroche en cargos duplicados. Tampoco hacen referencia a los efectos del brutal sobreendeudamiento de las Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, empresas y familias que, en los próximos años, amenaza con provocar el empobrecimiento colectivo en nuestro país y un grave deterioro de los servicios esenciales. De ahí que UPYD proponga devolver al Estado las competencias en Educación, Sanidad y Servicios Sociales-Ley de Dependencia. Es la única forma de garantizar la igualdad de estos servicios básicos en todo el  territorio nacional. El Presidente de la Junta promete “pelear ante las consecuencias de la crisis para abordar cuestiones en las que la región se juega mucho”. ¿Y qué ha hecho hasta ahora? Votar los diputados del PSOE regional a favor de una reforma del Estatuto catalán que compromete recursos para esa comunidad autónoma en detrimento de las demás regiones.

Ambos candidatos han aprobado una reforma del Estatuto de Autonomía extremeño “para no ser menos que los demás” inventándose señas de identidad absurdas y comprometiendo financiación inexistente para converger con el resto de España durante los próximos siete años. Ambos han empeñado su palabra en una Ley de Educación, una entre diecisiete leyes distintas en todo el país, que pretende eludir la evaluación del Informe Pisa a través de una Agencia Extremeña de Evaluación Educativa que no ha emitido un solo informe desde que se creara hace más de un año y destinar “al servicio público educativo una cuantía económica anual no inferior al seis por ciento del Producto Interior Bruto regional”. Esto tendría un pase en época de bonanza, pero van a esperar hasta después de las elecciones para desdecirse achacándolo a las novedades de las cuentas públicas que fingen desconocer para que sus promesas electorales tengan visos de credibilidad. ¿Son los radicales recortes de la Generalitat catalana tras sus elecciones autonómicas un punto de referencia? ¿Cuál es el estado real de estas cuentas públicas que no se atreven a comunicar a los ciudadanos y al que sólo aluden con eufemismos e insinuaciones?

Los dos grandes partidos no han aprovechado esta cita electoral para sincerarse con los ciudadanos. En lugar de tratarles como personas adultas y tener la gallardía de hablarles de los sacrificios que nos esperan, así como pedir disculpas en nombre de sus respectivos partidos por su cuota de responsabilidad en el actual estado de cosas, eluden el bulto mintiendo por omisión y sorprendiéndose de que por todo el país se extienda un movimiento que pida que no les voten.