Casi simultáneamente a la publicación de la EPA del primer trimestre del 2011 que sitúa la tasa de paro en nuestra comunidad autónoma por encima del 25%, se ha hecho público un informe, 'Libertad Económica en España 2011' de la Universidad Complutense de Madrid, que nos coloca en el último lugar de este indicador debido a la intensa actividad reguladora que limita la actividad económica y pone obstáculos a los emprendedores  en nuestra región y a una dimensión del sector público mayor que la media. Nada que no supiéramos, pero lo que llama la atención de este Estudio son las conclusiones que de él extrae uno de sus responsables, Francisco Cabrillo quien afirma que “el sector público, en muchas comunidades, simplemente, ya no es sostenible”. Gracias por el eufemismo. Se puede argumentar que los indicadores del Informe obedecen a unos criterios ideológicamente parciales, pero ya son demasiados los avisos como para seguir mirando para otro lado.

Paralelamente a lo anterior, el Gobierno de la nación, en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, rechazó el Plan de Ajuste de la Junta de Extremadura que le permitiría embarcarse en nuevas operaciones de endeudamiento. Se dice que faltan algunos detalles por incorporar al Plan rechazado y que éste, tras las preceptivas correcciones, se presentará en la próxima reunión del CPFF que, como ustedes podrán imaginar, tendrá lugar después de las elecciones. Y así, venga a derrochar en lo que más preocupa al gobierno regional, la campaña electoral y que, tras el 22 de mayo, arda Troya.  A todo esto, como de tapadillo, fuentes del PP nacional anuncian extraoficialmente que “500 municipios están a punto de no poder pagar ni las nóminas ni la luz y que teme que después de las elecciones locales del 22 de mayo se desate una tormenta de impagos en esos consistorios que ya no tienen liquidez”.

En este contexto salta la noticia de las nuevas y milagrosas licitaciones del AVE extremeño que, en realidad, no son más que un anuncio y declaración de intenciones publicados en el Boletín Oficial de la Unión Europea. La convocatoria real se hará, lo han adivinado ustedes, en el segundo trimestre del año, es decir, tras las elecciones municipales y autonómicas. Otro dato, éste de la patronal de grandes constructoras (SEOPAN): “en cuanto a la licitación autonómica, durante el primer trimestre de 2011, todas las regiones redujeron sus obras sacadas a concurso salvo Aragón, Extremadura que las aumentó en un 94,5 %, Cantabria, Navarra y la ciudad autónoma de Melilla”.  Y aquí surgen suspicacias por doquier ya que el retraso en los pagos es una realidad incuestionable y el apretón presupuestario al que obliga el Plan de Ajuste del gobierno nacional comprometido con la UE para reducir el déficit, puede cargarse literalmente el pago de las obras licitadas.

Para garantizar los servicios y las inversiones, el Presidente de la Junta aboga porque el gobierno nacional se apunte a una subida de impuestos directos en el IRPF a “los que más tienen” y no hace referencia al 82 por ciento de las grandes empresas que cotizan en el IBEX y que se esconden en paraísos fiscales.  Ni una mención al “chocolate del loro”, la reducción o eliminación de duplicidades, cargos públicos, gastos suntuarios y empresas públicas ineficientes.

Se repite una y otra vez el mantra que todo lo deja para “después de las elecciones”, pero matizado con expresiones como las del Presidente de la Junta “tendremos que hacer más con menos” y del candidato del principal y único partido de la oposición apelando simultáneamente a la austeridad y comprometiendo gasto a cada colectivo que se le acerca con sus reivindicaciones. Lamentablemente, para unos y otros, y sobre todo para los ciudadanos, esto no se arregla con parches, ni medias verdades ni promesas que no se podrán cumplir.

UPYD incluye en su programa coger al toro por los cuernos y prepararnos para lo que se avecina. Hay que optimizar recursos y pensar en términos de sacar adelante al país que son sus ciudadanos, no el territorio que pisan. De ahí, la necesidad de fusionar municipios, como se ha hecho en varios países europeos, para garantizar la calidad de los servicios a los ciudadanos. Devolver al Estado las competencias de Educación, Sanidad y Servicios Sociales-ley de Dependencia para acabar con el despilfarro y arbitrariedad de 17 leyes autonómicas distintas y elevar la calidad así como garantizar la igualdad de estos servicios esenciales. Poner fin de una vez por todas a las trabas burocráticas que padecen los emprendedores a la hora de intentar sacar adelante sus proyectos o de iniciar o reiniciar su actividad. Reorientar las prioridades inversoras para desarrollar un nuevo modelo productivo aprovechando nuestros recursos y ventajas competitivas, en lugar de aferrarse desesperadamente a los estertores de la burbuja inmobiliaria.

Sobre todo, hay que ser honestos con los ciudadanos y no considerarlos simples electores a los que se les vende la moto cada cuatro años. Son demasiadas las noticias todos los días que desmienten los intentos de ocultamiento de quien nos gobierna y de quien aspira a sustituirle. Mientras tanto, la rumorología se desboca y en la calle se empieza a temer lo que está por venir y que nadie nos cuenta.