La Guardia Civil en el marco de la operación “Nihilum” llevada a cabo conjuntamente con la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria de Badajoz, ha investigado a un facultativo médico de familia y una profesional farmaceútica, por su presunta implicación en una trama dedicada a la prescripción y facturación irregular de medicamentos con cargo al Servicio Extremeño de Salud.

La investigación tuvo su origen a raíz de las actuaciones desarrolladas por personal perteneciente a la Inspección de Farmacia de la Consejería de Salud y Apoyo a la Dependencia, quienes detectaron supuestas anomalías en la prescripción y facturación de medicamentos que estarían financiados con fondos públicos.

Las pesquisas practicadas por los agentes, permitió constatar la presunta actuación concertada entre un médico de medicina general o familia y la titular de una farmacia dentro del partido judicial de Zafra, quienes habrían utilizado durante años, recetas emitidas a nombre de pacientes beneficiarios del sistema sanitario público, para obtener medicamentos con cargo al Servicio Extremeño de Salud.

Durante el transcurso de esta compleja investigación, ha sido necesario el análisis de miles de dispensaciones farmacéuticas, así como historiales de centenares de pacientes y una ingente cantidad de documentación sanitaria, farmacéutica, económica e informática, contando para ello con la colaboración permanente de la Inspección de Farmacia y de Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria de Badajoz.

En el marco de este operativo y coordinados con el Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción Zafrense, se llevó a cabo el registro del establecimiento comercial, donde se intervino abundante documentación y soportes informáticos cuyo análisis continúa bajo dirección judicial, procediendo a la detención de ambas personas implicadas en la acción delictiva.

Hasta la fecha se han identificado unas 600 personas afectadas, a quienes supuestamente alteraron datos sensibles de sus historiales clínicos para conseguir el fin delictivo, convirtiéndose la operación en una de las investigaciones sobre fraude farmacéutico de mayor alcance desarrolladas en Extremadura.

La estimación económica provisional sitúa el posible perjuicio ocasionado al sistema público sanitario en una cantidad superior a los 600.000 euros, sin perjuicio de futuras actualizaciones derivadas del avance de la investigación.

Las actuaciones continúan abiertas con el objetivo de determinar el destino final de los medicamentos objeto de la causa y la posible participación de otras personas relacionadas con la trama investigada.

Las diligencias han sido entregadas y puestas a disposición de la Autoridad Judicial competente de Zafra.