El programa acordado por ambos partidos se resume en diez puntos en los que se delimitan medidas en aspectos como la Energía e Industria, Sector Primario, Sanidad, Inmigración, Rebaja de impuestos, Vivienda, Seguridad, libertad y prioridad nacional, Educación, Familia, natalidad y demografía, y Gasto improductivo.

Los puntos más extensos son los que se refieren al Sector Primario, Inmigración y Vivienda.

El punto 2 del documento, que aborda el Sector Primario, es uno de los que se tratan de forma más extensa. Destaca como primer punto en este apartado el “Blindaje del sector primario frente a la agenda 2030”, asumiendo la postura de Vox frente a las políticas europeas que denominan “las imposiciones de Bruselas y del Pacto Verde”. Se especifica aquí el rechazo de la coalición al acuerdo UE-Mercosur. En este apartado hay varios puntos que inciden en la visión contraria a las políticas de Bruselas con respecto a agricultura y hábitat natural.

Se creará una Dirección General de Regadíos con el objetivo principal de acometer de forma definitiva el proyecto de regadío de Tierra de Barros “tras décadas de estafas del PSOE a los regantes”, señalan. La modernización del regadío, las infraestructuras hídricas y los caminos rurales, también son temas que se desglosan en los folios redactados entre los dos partidos, así como la reforma del marco jurídico de la Ley de Caza, la de Pesca y Acuicultura, protección ambiental y Conservación de la Naturaleza y Espacios Naturales.

Casi cuatro páginas del documento se dedican a la Inmigración. Abre el apartado el epígrafe sobre el rechazo frontal a la política de inmigración del Gobierno central: “No más menores extranjeros no acompañados (MENAS)”, especifica, además, que Extremadura no participaré en acuerdos ni reformas “destinados a facilitar, financiar o consolidar su entrada, acogida o permanencia en Extremadura”. Se señala, en relación a esto, que la Junta trabajará activamente para devolver a estos menores a sus países de origen, “con sus padres”.

El punto trata extensamente sobre distintos puntos de endurecimiento de la política migratoria, del régimen disciplinario que dé mayor seguridad dentro y fuera de los centros donde se alojen menores no acompañados con medidas judiciales, realizaciones de auditorías anuales de todos los gastos vinculados a inmigración ilegal y a inmigración masiva. Señalan también que se suprimirán todas las subvenciones, ayudas y convenios con ONGs “que participen directa o indirectamente en la promoción, facilitación o sostenimiento de la inmigración ilegal”.

Sobre este punto aseguran que se hará una reforma del padrón municipal para combatir el fraude y la ocupación legal, así como la Creación de una Unidad Administrativa que verificará la residencia y padrón para evitar el acceso indebido a ayudas públicas, de vivienda protegida y prestaciones sociales.

El uso del burka, nicab o cualquier prenda similar en espacios públicos estará prohibido en el ámbito de las competencias de la Junta de Extremadura, “por motivos de seguridad, identificación personal y principios básicos de convivencia”, aseguran.

Destacan algunos acuerdos como el de blindar la continuidad de Almaraz y la rebaja de la ecotasa de la central hasta su eliminación completa al final de la legislatura. En este apartado sobre Industria y Energía, se especifica la puesta en marcha de un Plan integral de atracción y dinamización de la actividad industrial en Extremadura, que contempla la liberalización de suelo industrial, la ayudas públicas e incentivos a la instalación de industria en la región o la supresión de trabas administrativas. Sobre la instalación de marcoparques fotovoltaicos y eólicos, señala el documento que se tratará de impedir su instalación en suelo productivo de uso tradicional empleando los medios legales y administrativos necesarios.

Las promesas en cuanto a Sanidad, incluye ampliar la dotación presupuestaria de esta partida en 500 millones adicionales, continuando las derivaciones coordinadas y la colaboración público-privada en campañas quirúrgicas. Asimismo, se acuerda la contratación de 1500 profesionales sanitarios adicionales a los que ya existen en el SES. Se indica también que, en cuanto a la atención a los mayores, se crearán más plazas en residencias y centros de día, aumentando el presupuesto destinado a estos servicios y la ampliación de su concertación. Se plantea también la equiparación salarial de trabajadores del SEPAD y servicios sociales con profesionales del SES de igual categoría.

En cuanto a impuestos, se contemplan varias rebajas, como la reducción del IRPF en los dos primeros tramos de la vigente tarifa autonómica y el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (escrituras de adquisición de vivienda habitual para contribuyentes que cumplan requisitos de renta). Además, se amplía la bonificación del Impuesto Sobre Sucesiones y Donaciones, en el grupo III de parentesco (de tíos sin descendientes directos a sobrinos). Se recuperan bonificaciones para educación infantil de primer ciclo (0-3 años), licencias de caza y pesca, certificaciones de obras e inspecciones técnicas de vehículos (ITV).

En materia de Vivienda se impulsan varias medidas en relación a la rehabilitación de viviendas, el impulso del alquiler estable y asequible mediante incentivos fiscales, la deducción autonómica del IRPF por adquisición de vivienda habitual para jóvenes menores de 36 años, bajada de tipos de gravamen en adquisición de vivienda habitual para familias numerosas, monoparentales y personas con discapacidad, o reforma de la ley de Ordenación Territorial y Urbanística. En este punto, destaca el anuncio de la construcción en esta legislatura de al menos 3.500 viviendas protegidas. El acceso tanto a estas viviendas como a las de alquiler social se realizará estableciendo un sistema “inspirado en el principio de prioridad nacional”, que exige, entre otros requisitos, el arraigo real y prolongado de empadronamiento en Extremadura al menos de 10 años para compra y 5 años para alquiler. Esta referencia a la “prioridad nacional”, se hace en diferentes apartados del documento, también al que se refiere a “Seguridad, Libertad y Prioridad nacional”. En este apartado se trata la ocupación ilegal de viviendas, desglosando las políticas que se llevarán a cabo en esta materia, con aplicación firme de desalojo exprés, defensa jurídica y protección efectiva de los afectados. En este mismo punto se anota el refuerzo de las rutas, frecuencias y horarios de transporte público, así como la referencia a la promoción de la Ley de Concordia, que se alineará con las políticas de subvenciones, contenidos educativos e iniciativas de recuperación, restauración y puesta en valor del patrimonio histórico extremeño “perseguido por las leyes ideológicas de la izquierda”.

En lo relativo a Educación los puntos acordados son los referentes a la homologación salarial de los profesores extremeños a la media nacional, la climatización de los colegios e institutos de la región de forma que se garantice el confort térmico. Además, se dará prioridad en la adjudicación de servicios de comedor público escolar a aquellas empresas que prioricen la utilización de productos de proximidad.

En cuanto a temas de Familia, Natalidad y Demografía, se trabajará incrementando ayudas a la natalidad, en deducción de IRPF por nacimiento o adopción, deducciones fiscales por material escolar y la aprobación de una nueva ley de familia que fomente la natalidad y reconozca el valor social de la familia.

Sobre el Gastro Improductivo, se refieren a la cuantía económica en forma de subvenciones que se conceden a “sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas sin utilidad pública”, las que se destinan a cooperación internacional al desarrollo, que se reducirán al mínimo legal imprescindible, y a la realización de auditorías exhaustivas y periódicas de los recursos públicos destinados a estas causas.