La desprotección del sector agrario
En España, el infierno fiscal del PSOE pone en peligro nuestra competitividad al tiempo que empobrece a los españoles ya que la subida media de los precios desde el 2018 es de un 20% y la cesta de la compra se ha incrementado más de un 35%, lo que se ha traducido irremediablemente en una acusada caída del poder adquisitivo de los ciudadanos.
Ese infierno fiscal acecha especialmente a nuestros agricultores y ganaderos que demandan con urgencia una ley que alivie su carga impositiva. Resulta paradójico y desconcertante que en este contexto de asfixia económica para los profesionales del sector primario, el Gobierno de Sánchez haya vetado la ley de fiscalidad agraria del PP de apoyo al sector, para evitar su tramitación parlamentaria, máxime cuando se trata de una norma muy aplaudida por agricultores y ganaderos, del mismo modo que vetó las enmiendas del Grupo Popular a la Ley de prevención del desperdicio alimentario que pedían volver al IVA súper reducido para los alimentos básicos.
Además el Gobierno ha demostrado sobradamente que no tiene ningún plan para proteger a nuestro sistema agroalimentario en un contexto de incertidumbre y vulnerabilidad , en el que la guerra en Ucrania ha elevado los costes de producción y los precios de los alimentos que paga el consumidor.
El Ejecutivo ha hecho del dontancredismo político su seña de identidad porque sigue sin responder con contundencia ante la competencia desleal que sufren nuestros agricultores y ganaderos ante la entrada de productos de terceros países que no cumplen con los mismos estándares de trazabilidad. Y para más inri la tan cacareada Estrategia Nacional de Alimentación, presentada a bombo y platillo por el Gobierno, se ha quedado en una mera declaración de intenciones.
Para retomar la senda de la competitividad se debe volver a impulsar la reducción de impuestos como medio para fomentar la confianza, el crecimiento económico, la creación de empleo y la ayuda a las familias y los autónomos, además de apostar por la simplificación porque desburocratizar es rebajar impuestos.
Una rebaja de impuestos que es una de las principales preocupaciones de los españoles junto con la vivienda y el apoyo a los autónomos, la defensa de nuestros valores democráticos y del sector primario, las infraestructuras hidráulicas o las políticas sociales.
Nuestra economía debe salir del intervencionismo paralizante para crecer ya que los costes de la hiperregulación afectan a más de un tercio de la economía mientras que el lastre excesivo normativo afecta a casi 2 millones de empresas y a 10 millones de trabajadores.
En España, el infierno fiscal del PSOE pone en peligro nuestra competitividad al tiempo que empobrece a los españoles ya que la subida media de los precios desde el 2018 es de un 20% y la cesta de la compra se ha incrementado más de un 35%, lo que se ha traducido irremediablemente en una acusada caída del poder adquisitivo de los ciudadanos.
Ese infierno fiscal acecha especialmente a nuestros agricultores y ganaderos que demandan con urgencia una ley que alivie su carga impositiva. Resulta paradójico y desconcertante que en este contexto de asfixia económica para los profesionales del sector primario, el Gobierno de Sánchez haya vetado la ley de fiscalidad agraria del PP de apoyo al sector, para evitar su tramitación parlamentaria, máxime cuando se trata de una norma muy aplaudida por agricultores y ganaderos, del mismo modo que vetó las enmiendas del Grupo Popular a la Ley de prevención del desperdicio alimentario que pedían volver al IVA súper reducido para los alimentos básicos.
Además el Gobierno ha demostrado sobradamente que no tiene ningún plan para proteger a nuestro sistema agroalimentario en un contexto de incertidumbre y vulnerabilidad , en el que la guerra en Ucrania ha elevado los costes de producción y los precios de los alimentos que paga el consumidor.
El Ejecutivo ha hecho del dontancredismo político su seña de identidad porque sigue sin responder con contundencia ante la competencia desleal que sufren nuestros agricultores y ganaderos ante la entrada de productos de terceros países que no cumplen con los mismos estándares de trazabilidad. Y para más inri la tan cacareada Estrategia Nacional de Alimentación, presentada a bombo y platillo por el Gobierno, se ha quedado en una mera declaración de intenciones.
Para retomar la senda de la competitividad se debe volver a impulsar la reducción de impuestos como medio para fomentar la confianza, el crecimiento económico, la creación de empleo y la ayuda a las familias y los autónomos, además de apostar por la simplificación porque desburocratizar es rebajar impuestos.
Una rebaja de impuestos que es una de las principales preocupaciones de los españoles junto con la vivienda y el apoyo a los autónomos, la defensa de nuestros valores democráticos y del sector primario, las infraestructuras hidráulicas o las políticas sociales.
Nuestra economía debe salir del intervencionismo paralizante para crecer ya que los costes de la hiperregulación afectan a más de un tercio de la economía mientras que el lastre excesivo normativo afecta a casi 2 millones de empresas y a 10 millones de trabajadores.