Con el caso de la mujer y el hermano del presidente del gobierno, parece ser que se ha tocado techo en la toma que desde el poder político se ha realizado en nuestras administraciones. El gasto generado ha ido creciendo exponencialmente hasta incrementar nuestra deuda a proporciones de Guinness. Ayuntamientos, Mancomunidades, GAL, Diputaciones y Autonomías han creado un ecosistema en el que el crecimiento eficiente ha sido el de familiares colocados.

Es cierto que la densidad de población en muchas comunidades autónomas y todavía más en la nuestra es tan baja, que contamos con ayuntamientos que carecen de capacidad para poder gestionar de manera eficiente los servicios de sus usuarios. En 2019, Extremadura de 388 municipios, 217 tenían menos de 1000 habitantes. Para paliar la situación, se crean las mancomunidades, pero en muchos casos no se logra el cometido, convirtiéndose en estructuras opacas sin control ciudadano y con una gestión en la que prima el refugio de allegados y familiares. Hay sagas familiares que las copan por completo (el algodón no engaña).

Las diputaciones provinciales merecen un capítulo especial en este esperpento administrativo. Creadas en 1812 para promover la prosperidad provincial y suprimidas en 1814 por Fernando VII, vuelven en 1823, sobresaliendo en el reparto económico a los ayuntamientos afines al partido que las preside y en la promoción de la prosperidad de los que las gobiernan. La opacidad es tal que como todos sabemos, a la pregunta de dónde se sitúa la oficina de trabajo y quienes son los compañeros en el despacho, la respuesta de uno de sus altos cargos… bueno, la respuesta la conocemos todos y sonrojaría a cualquiera, menos al sujeto...

Las administraciones autonómicas, por su parte, han conseguido replicar el Estado central en cada región como si fuera un espejo. Ministerios propios, agencias de colocación (de allegados) vía empresas públicas y un gasto que haría temblar al más derrochador. Hay comunidades con más altos cargos que soluciones a los problemas ciudadanos. La descentralización, en lugar de acercar la administración a la gente, ha acercado sus presupuestos al bolsillo de los políticos. España se ha convertido en un banco de pruebas para ver cuánta ineficiencia puede soportar un país hasta colapsar. La pretendida modernización de la administración pública solamente ha tenido reflejo en los despachos de algún cargo (o carga) público (o pública).

Mientras tanto, las reformas para solucionar este problema brillan por su ausencia. Los políticos hablan de modernización, pero lo único que modernizan son sus casas mediante reformas realizadas con el desvío de trabajadores de empresas contratadas por la administración. El día que alguien se atreva a recortar este despropósito, puede que nos llevemos la sorpresa de que España puede funcionar con menos burocracia y más sentido común. Hasta entonces, seguiremos pagando con nuestros impuestos esta gran comedia administrativa. lucas.miura@gmail.com