El Gobierno de Sánchez ha creado una sociedad de precariedad tras siete años de gestión socialista. En España siete millones de personas viven en situación de dependencia de los cuales unos dos millones de personas dependen del ingreso mínimo vital, dos millones y medio cobran el salario mínimo y más de tres millones están en situación de desempleo.
Y además ha transformado nuestro país en un infierno fiscal con constantes subidas de impuestos. Viene al caso recordar cuando la vicepresidenta Montero decía que no iban a subir los impuestos a la clase media ni a la clase trabajadora y desde el 2018 el Gobierno los ha subido en casi un centenar de ocasiones.
Esta subida de los impuestos ha permitido que el Gobierno haya recaudado 140.000 millones de euros más en el año 2024 que en el 2018. Pero esos ingresos extras no se han traducido en mejores servicios públicos ya que la gestión del PSOE es un problema porque se ha convertido en una máquina de gastar mal el dinero público como los 2.300 millones para invadir una empresa privada, caso de Telefónica o más de 1.000 millones para compensar pérdidas de Correos.
Ese infierno fiscal parece no tener límites ya que ve al Gobierno necesita tener engrasada la maquinaria y focalizar su acción política en comprar votos para adquirir impunidad, empresas y el control de organismos independientes. Lo único que le importa es el poder adquisitivo del Gobierno para alcanzar los 176 votos que necesita en cada votación.
La factura que paga Sánchez a cambio del poder es muy cara porque, como ya hemos avanzado, la recaudación ha crecido, pero no hay fondos suficientes para pagar todos los cheques que ha firmado. Y a la vuelta de la esquina tiene nuevos compromisos inaplazables como los adquiridos con los separatistas. ¿De dónde va a sacar los 15.000 millones para condonar la deuda de los separatistas?.
España es la segunda gran economía europea donde los salarios han perdido más poder adquisitivo desde que Sánchez llegó a La Moncloa y hoy con 50 euros compramos mucho menos que hace siete años. Lo único que va como un cohete son los precios y la recaudación de Hacienda.
Aunque éste es un Gobierno pasivo que no está en la gestión y al que solo le interesa la financiación autonómica cuando hay que comprar alguna investidura, es necesario un sistema de financiación autonómica que no obligue a poner parches y que permita que todos los españoles disfruten de unos servicios públicos de calidad. Es injusto que Extremadura vaya a perder ocho millones de financiación autonómica en un contexto de recaudación tributaria en máximos históricos.