Pedro Sánchez parece estar atrapado entre los escándalos y la fragilidad política con un Gobierno incapaz de legislar ya que no puede aprobar los Presupuestos Generales del Estado ni reales decretos y la única agenda que tiene es la judicial y la de la supervivencia en el poder. Si echamos  un vistazo a las portadas de los periódicos o escuchamos los informativos subyace en todos los medios la idea de que Sánchez ha convertido a España en una permanente subasta donde vende lo que es de todos a sus socios con tal de sobrevivir políticamente. Cualquier observador imparcial concluirá que Sánchez ya no gobierna, pero se mantiene en el poder solamente para defenderse de los escándalos que le rodean tanto en su entorno político como familiar. Ya no tiene el respaldo de la mayoría de la Cámara, y está llevando al país, a la Constitución y a la democracia española a una fase agónica.
Sánchez no puede gobernar porque no tiene mayoría parlamentaria, solamente puede sobrevivir en La Moncloa, pero nada más: el presidente del Gobierno está más preocupado por los casos de corrupción que le están asediando mientras los problemas de los españoles, como el de la vivienda. han pasado a un segundo plano. Con el Gobierno de Sánchez el ocupa campa a sus anchas porque las leyes lo protegen en lugar de proteger a los propietarios, en la mayoría de los casos trabajadores que han invertido su trabajo en la adquisición de una segunda vivienda.
El problema de acceso a la vivienda que sufren los españoles tiene su génesis en la inseguridad jurídica y la ocupación ilegal, que ha venido de la mano de leyes que protegen al ocupa y están generando miedo entre los propietarios.
Desde que Sánchez está en La Moncloa la ocupación ilegal ha aumentado en un 40%, con 17.000 ocupaciones ilegales al año, y la comunidad autónoma que más sufre este problema es Cataluña. Hablamos de más de 80.000 viviendas ocupadas en nuestro país y 25.000 inquiocupaciones por lo que es necesario impulsar medidas correctoras.
Como por ejemplo que Sánchez dejase de bloquear en el Congreso la ley anti ocupación del PP aprobada por el Senado con la puesta en marcha de este ley en España se acabaría con la ocupación en ocho meses porque impulsa las acciones claves para acabar con el problema de la ocupación ilegal como son echar a los ocupas en 24 horas, endurecer las penas, declarar nulos los empadronamientos que se lleven a cabo en una vivienda ocupada y dotar a las comunidades de propietarios de los instrumentos necesarios para que puedan actuar frente a la ocupación. Al ocupa se le desaloja no se le protege.