Empezamos un nuevo curso político que estará marcado por el cupo independentista, que es un verdadero obús contra la igualdad y solidaridad entre los españoles, que junto con la protección de los servicios públicos van a ser los ejes sobre las girará la actualidad socioeconómica de España en los próximos meses..
Ese acuerdo podría resumirse telegráficamente como el acuerdo de la ignominia ya que es una transacción de dinero a cambio de poder con unos beneficiarios claros: Sánchez, Illa y el independentismo y unos perjudicados claros que son todos todos los españoles.
Una quiebra fiscal en toda regla que supone una nueva traición del Gobierno Sánchez, que decía que no iba a haber indultos, amnistía o independencia fiscal para Cataluña y al final se han producido. Parece que en materia de credibilidad el Gobierno sigue teniendo cero credibilidad.
Para hacernos una idea aproximada de la repercusión y el alcance del acuerdo alcanzado hay que remarcar que el cupo independentista supondrá para todos los españoles un coste equivalente a 150.000 médicos menos, 260.000 profesores menos y 25 hospitales menos cada año.
Mucho nos tememos que el acuerdo ERC-PSOE solamente responde a la necesidad de mantenerse en el poder para los socialistas y a la voluntad de retomar el procés para los independentistas, pero en este caso la gravedad institucional es extrema ya que está apoyado ni más ni menos que por el Gobierno de España porque Sánchez en su deriva ha comenzado un proceso de cambio constitucional por la puerta de atrás. La apuesta indisimulada de Pedro Sánchez es por un estado confederal, asimétrico con españoles de primera y de segunda, lo que se da de más a unos se quita a otros, rompiendo la caja única y poniendo en riesgo el bienestar del conjunto de los españoles y la estabilidad de nuestro país tal y como lo conocemos.
¿Y cómo se ha llegado a esa situación? Pues por pura supervivencia política: tras las elecciones catalanas, a cambio de la investidura de Illa se está concediendo la independencia fiscal a esa comunidad y de paso cuestionando la financiación del conjunto de los españoles.
Frente al escenario político que tenemos en estos momentos en el horizonte, debería abrirse paso un nuevo sistema de financiación basado en la multilateralidad, con un fondo de transición y que tenga en cuenta variables como la dispersión de la población, el envejecimiento o el coste la vida. Estaremos de acuerdo en que Cataluña necesita más recursos y un nuevo sistema de financiación. Pero también Extremadura, Valencia, Baleares, Murcia, Galicia...