La empleada de telefonía móvil que estafó a un gran número de clientes en Montijo es condenada a cuatro años y medio de cárcel
Se resolvía el miércoles 5 de octubre, en los Juzgados de Mérida, las denuncias por estafa por las que era detenida en 2018 una empleada de una tienda de telefonía móvil en Montijo.
El caso se remonta a 2017, cuando se presenta una denuncia ante la Guardia Civil de Montijo en octubre de 2017, por la contratación fraudulenta de una línea de telefonía móvil, así como cargos en cuenta bancaria del denunciante de unas cuotas relacionadas con un préstamo mercantil, contratado a su nombre, para satisfacer el importe de la compra financiada de un terminal telefónico.
Los investigadores, que constataron que no se trataba de un hecho aislado, pudieron determinar que una empleada de un establecimiento de venta de telefonía móvil se «apoderó de numerosos terminales telefónicos de los que a la tienda llegaban para su venta», según indica la Guardia Civil en una nota de prensa.
En concreto, la autora se beneficiaba por las operaciones de financiación fraudulenta de terminales a nombre de clientes que en realidad no los adquirían, método con el que se benefició de más de 64.000 euros. Asimismo, los investigadores han cifrado en 216 los terminales de los que se apropió, valorados en unos 77.000 euros, de los cuáles vendió de forma fraudulenta 76, que le reportaron un beneficio de 17.000 euros, y que ya han sido recuperados.
Para evitar que el departamento de contabilidad de la empresa que explotaba ese establecimiento detectase dichas apropiaciones, la autora utilizaba los datos personales de algunos de sus clientes, a cuyos nombres emitía «falsas facturas por la venta financiada de esos terminales apropiados de forma indebida».
Las cuotas a satisfacer de esos préstamos se cargaban en la facturación de clientes sin su conocimiento, de tal forma que estas cantidades solían ser añadidos a otras contrataciones de mayor cuantía, tipo televisión, fibra óptica o agrupación de terminales, motivo por el que el incremento de pagos por los clientes del establecimiento, que se vieron afectados por el entramado orquestado por la detenida, pasaba generalmente desapercibido en la mayoría de los casos.
De hecho, muchos de ellos conocieron su condición de víctimas cuando fueron requeridos por la Guardia Civil, tras ser identificados con ocasión del análisis efectuado a la documentación emitida en el establecimiento. Era en este momento cuando tuvieron conocimiento de que pagaban mensualmente teléfonos que no poseían.
Además, la dependienta se lucraba de la venta y cobro en efectivo de esos mismos teléfonos, bien en la misma tienda, bien por la venta online, o con el apoyo de algún colaborador.
Aunque la mayoría de las víctimas residen en Montijo y sus alrededores, otras tienen sus domicilios en otras localidades de Extremadura, y un número casi a la par, en otras Comunidades Autónomas como Galicia, Andalucía, Asturias, Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana y Castilla y León.
La empleada de la tienda de telefonía fue detenida por «multitud» de infracciones penales relacionadas con delitos de estafa, falsedad documental y apropiación indebida, cifrándose el valor de los móviles robados por más de 20.000 euros.
Pedían más de 9 años de prisión para la acusada, además de las costes de responsabilidad civil de más de 50.000 euros.
No ha sido hasta 2022 que se ha resuelto finalmente con un acuerdo firmado por la defensa, acordándose cuatro años y medio de prisión para la detenida y una multa de 2.250 euros además del pago de las indemnizaciones.
Se resolvía el miércoles 5 de octubre, en los Juzgados de Mérida, las denuncias por estafa por las que era detenida en 2018 una empleada de una tienda de telefonía móvil en Montijo.
El caso se remonta a 2017, cuando se presenta una denuncia ante la Guardia Civil de Montijo en octubre de 2017, por la contratación fraudulenta de una línea de telefonía móvil, así como cargos en cuenta bancaria del denunciante de unas cuotas relacionadas con un préstamo mercantil, contratado a su nombre, para satisfacer el importe de la compra financiada de un terminal telefónico.
Los investigadores, que constataron que no se trataba de un hecho aislado, pudieron determinar que una empleada de un establecimiento de venta de telefonía móvil se «apoderó de numerosos terminales telefónicos de los que a la tienda llegaban para su venta», según indica la Guardia Civil en una nota de prensa.
En concreto, la autora se beneficiaba por las operaciones de financiación fraudulenta de terminales a nombre de clientes que en realidad no los adquirían, método con el que se benefició de más de 64.000 euros. Asimismo, los investigadores han cifrado en 216 los terminales de los que se apropió, valorados en unos 77.000 euros, de los cuáles vendió de forma fraudulenta 76, que le reportaron un beneficio de 17.000 euros, y que ya han sido recuperados.
Para evitar que el departamento de contabilidad de la empresa que explotaba ese establecimiento detectase dichas apropiaciones, la autora utilizaba los datos personales de algunos de sus clientes, a cuyos nombres emitía «falsas facturas por la venta financiada de esos terminales apropiados de forma indebida».
Las cuotas a satisfacer de esos préstamos se cargaban en la facturación de clientes sin su conocimiento, de tal forma que estas cantidades solían ser añadidos a otras contrataciones de mayor cuantía, tipo televisión, fibra óptica o agrupación de terminales, motivo por el que el incremento de pagos por los clientes del establecimiento, que se vieron afectados por el entramado orquestado por la detenida, pasaba generalmente desapercibido en la mayoría de los casos.
De hecho, muchos de ellos conocieron su condición de víctimas cuando fueron requeridos por la Guardia Civil, tras ser identificados con ocasión del análisis efectuado a la documentación emitida en el establecimiento. Era en este momento cuando tuvieron conocimiento de que pagaban mensualmente teléfonos que no poseían.
Además, la dependienta se lucraba de la venta y cobro en efectivo de esos mismos teléfonos, bien en la misma tienda, bien por la venta online, o con el apoyo de algún colaborador.
Aunque la mayoría de las víctimas residen en Montijo y sus alrededores, otras tienen sus domicilios en otras localidades de Extremadura, y un número casi a la par, en otras Comunidades Autónomas como Galicia, Andalucía, Asturias, Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana y Castilla y León.
La empleada de la tienda de telefonía fue detenida por «multitud» de infracciones penales relacionadas con delitos de estafa, falsedad documental y apropiación indebida, cifrándose el valor de los móviles robados por más de 20.000 euros.
Pedían más de 9 años de prisión para la acusada, además de las costes de responsabilidad civil de más de 50.000 euros.
No ha sido hasta 2022 que se ha resuelto finalmente con un acuerdo firmado por la defensa, acordándose cuatro años y medio de prisión para la detenida y una multa de 2.250 euros además del pago de las indemnizaciones.