El resultado electoral en Andalucía del pasado 19-J consolida un cambio político en España en el que se constatado con rotundidad que hay otra forma de gobernar, tanto en el fondo y la forma, frente a la maniobras de Pedro Sánchez para quien el veredicto de las urnas no puede ser más demoledor: el divorcio entre la sociedad española y su Gobierno se acentúa cada vez más.
Desde hace dos años, con motivo de las autonómicas de Galicia de 2020, al PSOE las urnas le está dando de forma constante la espalda y ha perdido todas las elecciones que se han celebrado porque, tanto desde Ferraz como desde Moncloa, parecen haberse abonado a la tesis del negacionismo político en el que se ha instalado el Gobierno para no adoptar medidas ante una situación muy complicada marcada por una inflación que ha empobrecido un 10% a familias y empresas.
Con un panorama aterrador en el que los españoles seremos 3.000 euros más pobres este año y pagaremos de media 500 euros más este año por la cesta de la compra, otros 500 más por la luz y 1.000 euros adicionales por la gasolina y pronto 900 más por la hipoteca, la única respuesta de Sánchez ha sido redoblar los esfuerzos para controlar sin fisuras las instituciones. Y para muestra valgan los tres botones que hemos tenido en los últimos días: el Tribunal Constitucional, el INE e Indra. El ideario político de Sánchez puede sintetizarse en querer máximos poderes con mínimos controles por lo que no vacilará a la hora de hacerse con el control del Tribunal Constitucional como ya lo ha hecho en Indra, echando a sus consejeros independientes y va camino de hacer en el INE porque no acepta que sus datos desvelen que las previsiones del Gobierno fallan.
El PP ya le ha marcado el camino a seguir y un buen ejemplo de las medidas que se pueden impulsar para remediar nuestra asfixia económica lo tenemos en la bajada del IVA de la luz, del 10% al 5%, una medida que Feijóo trasladó a Sánchez desde el primer momento, pero que el presidente se negó a poner en marcha hasta que ha tenido que rectificar tras el varapalo electoral en Andalucía. Resultado: esta demora ha costado ya 200 millones de euros que los españoles han pagado por el IVA de la luz y que podrían haberse ahorrado si se hubiera bajado desde el primer momento.
Si como suele decirse los electores penalizan la división, malas expectativas tendrán los socios del Gobierno tras el enésimo capítulo de desavenencias, esta vez a cuento de la Cumbre de la OTAN con un auténtico esperpento del Gobierno porque una parte del Ejecutivo se va a manifestar contra la otra...cosas veredes, amigo Sancho.