Izquierda Unida Montijo presentó hace cuatro años una denuncia ante la fiscalía por supuestas irregularidades en la contratación de varios trabajadores del Ayuntamiento de Montijo.

Así lo explicaba Juan Alejandro Schirinzi hace varios meses en una rueda de prensa en la que informaba que su grupo había solicitado la dimisión del alcalde, Manuel Gómez, por su reciente imputación por presunto delito de prevaricación administrativa continuada.

Schirinzi daba cuenta ante los medios, acompañado por el coordinador de IU en Extremadura, Joaquín Macías, señalando que “desde el 2018 venimos advirtiendo  y denunciando que desde el Ayuntamiento se estaban realizando contrataciones que podían resultar fraudulentas. Y ahora la Audiencia Provincial imputa al Alcalde por presunto delito de prevaricación administrativa continuada. Por desgracia, los contratos irregulares o en fraude de ley están muy extendidos en los Ayuntamientos de Extremadura. En este caso los compañeros de IU han podido tener acceso a la documentación para demostrar esa irregularidad”, señalaba Macías, que añadía “la labor de la oposición es fiscalizar que las administraciones públicas cumplen con la legalidad, y a pesar de las dificultades con las que se encuentran en muchas ocasiones los y las concejales de IU esa es nuestra labor”.

El coordinador regional de IU aseguraba que tenía “pruebas flagrantes” de esta irregularidad en las contrataciones: “nos estamos refiriendo a la práctica de  encadenar contratos y contratos hasta que el trabajador denuncia y el Ayuntamiento lo contrata o bien lo despide y lo indemniza (…) Así sucede que tenemos Ayuntamientos que no tienen funcionarios, no son unos puestos que se cubran mediante oposiciones y acaba dándose el enchufismo.”

En su intervención, Juan Schirinzi indicaba que el partido se había visto abocado a tomar este camino dada “la nula predisposición del equipo de gobierno y del propio alcalde a acabar con prácticas que eran ilegales y que, de hecho, estaba siendo fiscalizadas como tal por parte de diversos funcionarios de Montijo como la Intervención Municipal”. Hacía hincapié Schirinzi en el hecho de que Montijo durante años ha sido un pueblo con una alta tasa de paro, superior al tercio de la población y que este tipo de contratación, “en un pueblo donde a sus vecinos les ha hecho falta el trabajo como agua de mayo, sobre todo en épocas más complicadas”, no ha cesado, apuntando a que el alcalde debería dimitir para evitar “un nuevo escarnio público para los vecinos de Montijoo, que ya tiene a su anterior alcalde también procesado por delitos administrativos de este tipo, demostrando que el PSOE en Extremadura se diferencia bastante poco del PP en las políticas que llevan a cabo. Por eso le pedimos que acate el código ético de su propio partido”.

Recordaba Joaquín Macías que  IU ya ha planteado más denuncias en la fiscalía por situaciones similares a la que denuncian en Montijo y están pendientes de las resoluciones judiciales en los casos de Villanueva de la Serena y Berlanga.

Izquierda Unida apelaba al código ético del PSOE para apelar al partido a que fuerce la dimisión del alcalde, “en este y los demás casos que tienen pendientes”.

Ahora la fiscalía solicita 13 años de inhabilitación para Manuel Gómez por estas presuntas contrataciones irregulares durante los años 2017 a 2019.

Izquierda Unida afirma que ha sido una grata sorpresa la solicitud de la fiscalía, porque entiende, igual que ellos, que el delito ha sido continuado.

El juicio será el 16 de junio en la Audiencia Provincial de Mérida.