Una familia de Valdelacalzada asegura encontrarse inmersa en una pesadilla judicial y al borde del desahucio. Todo por un incumplimiento del acuerdo al que llegaron con la promotora a la que cedieron un terreno agrícola para la construcción de unas viviendas, a cambio de 3 de ellas para la familia.

Todo empezó en 2003, en pleno boom inmobiliario, cuando una empresa ofreció a la familia Garrosa llegar a un acuerdo: ellos le ceden un terreno agrícola para la construcción de 94 viviendas unifamiliares de 90 m2 con garaje y la empresa les ofrece a cambio tres de esas viviendas, libres de cargas, para la familia.

Esta promotora cedió los derechos a otra sociedad, que fue la que se hizo cargo finalmente de iniciar los trámites para la construcción de las viviendas.

 “Tras la finalización de las obras y venta de las viviendas, en enero de 2011, la promotora nos entregó las llaves de las 3 viviendas, supuestamente “libres de cargas” y nos fuimos a vivir allí. Sin embargo, al poco de trasladarnos y querer formalizar la situación, pidiendo la entrega de las correspondientes escrituras, nos encontramos con la sorpresa de que no estaban libres de cargas”, señala Holga Garrosa. Es en ese momento cuando la familia se da cuenta de que las viviendas están calificadas como de protección oficial y que tienen cargas hipotecarias con la entidad financiera por el préstamo por el que había sido financiada la obra por parte del promotor.

Reunidas las tres partes, el banco y la promotora señalan a los Garrosa que asuman de forma momentánea las cargas y escrituren así las viviendas, asegurando que tratarán de dar solución a la situación. La familia, se negó: “a pesar de estar al corriente del contrato de permuta, el banco trató ahí de forzarnos a firmar unas hipotecas, ofreciéndonos a escondidas condiciones teóricamente ventajosas respecto al resto de compradores, algo a lo que nos negamos desde el principio al no ser el trato que habíamos cerrado en un primer momento. Las promotoras no llegaron nunca a levantar las cargas de nuestras casas, ni tampoco abonaron las cuotas de las mismas, por lo que la entidad bancaria procedió a ejecutar las tres hipotecas”, es decir, el banco procedió a echar a las familias de las viviendas que considera ocupadas para subastarlas, ya que entiende que los compromisos entre la promotora de la obra y los propietarios del terreno “le son ajenos”.

Los dueños del terreno interpusieron una demanda civil a las dos promotoras con las que acordaron la permuta del terreno por las viviendas, y también a la entidad financiera, que consideran conocedora de la situación y del acuerdo con la empresa y, por lo tanto, le vinculaba al mismo en la firma de la financiación del proyecto. “El Juzgado de Primera Instancia de Badajoz condenó a la promotora por incumplir con su obligación de entregarnos las 3 casas sin cargas a indemnizarnos, pero desestima la anulación de las hipotecas del banco”.  

Es decir, la no condena a la entidad bancaria, y la declaración de la promotora como insolvente se traduce en la posibilidad de que las familias se queden en la calle, a pesar de haber cumplido con su parte del acuerdo, que era la cesión de terrenos.  

Diez años después todo continúa en el mismo punto y los Garrosa no ven solución todavía esta pesadilla, que cada vez se enrosca más: “El pasado mes de febrero nos comunicaron que dichas casas están a la venta en el portal inmobiliario del banco donde figura la hipoteca. Incluso llegó a personarse en nuestra vivienda un agente inmobiliario, que ni siquiera sabía que las casas estaban habitadas, para ofrecernos una posición ventajosa de compra”.

En estos momentos, continúan a la espera de la resolución del recurso de apelación que interpusieron a dicha sentencia, y que se celebrará el próximo 28 de abril del  2021.

La familia pide ayuda a su situación, ya que asumen haber cumplido su parte del trato, es decir, ellos "pagaron" sus viviendas.