Mérida es la tercera ciudad con mayor subida de tarifas de agua en 2020, según un estudio de FACUA
Mérida es la ciudad con la tercera mayor subida del precio del agua en 2020, de acuerdo a un estudio comparativo anual elaborado por FACUA-Consumidores en Acción sobre las tarifas del suministro domiciliario de agua en 57 ciudades españolas. La ciudad ha incrementado sus tarifas un 9%, por detrás de Albacete (entre un 13 y un 32%) y Logroño (14%).
El estudio abarca a todas las capitales de provincia y de comunidades autónomas (Santiago de Compostela y Mérida), las dos ciudades autónomas, así como Gijón, Jerez de la Frontera y Vigo, por tener una mayor población que las capitales de provincia respectivas.
Las variaciones tarifarias suponen hasta 278,50 euros al año de diferencia para una vivienda con un consumo de 9 metros cúbicos mensuales y un calibre de contador de 13 ó 15 mm, entre los 4,83 euros al mes que se pagan en León y los 28,04 euros que se abonan en Ceuta. Si el consumo alcanza los 13 m3 mensuales, las variaciones alcanzan los 329,43 euros al año.
Las viviendas con un consumo de 9 m3 mensuales, con un contador de calibre 13 mm, pagan de media en 2020 14,83 euros (un 1,2% más de lo que pagaron en 2019), frente a los 15,13 euros que pagan aquellos hogares que tienen instalado un contador de 15mm (un 1,6% más que en 2019). En aquellas familias con un consumo de 13 m3 mensuales y un contador de 13 mm, el precio medio alcanza los 20,62 euros (un 1,5% más que en 2019), frente a los 20,92 euros que abonan los hogares que consumen 13 m3 de agua con un contador de calibre 15 mm (un 1,4% más que en 2019)
El análisis de FACUA toma como referencia dos modelos: una vivienda con tres habitantes y un consumo mensual de 9 ó 13 metros cúbicos, con un contador de calibre 13 ó 15 mm. Una de las principales conclusiones es que tan sólo nueve ciudades distinguen en sus tarifas el calibre del contador en estas dos modalidades, las dos más habituales en los hogares españoles: Albacete, Castellón, Girona, Granada, Guadalajara, Huelva, Huesca, Madrid, Valencia y Santa Cruz de Tenerife. Curiosamente, ésta última, la tercera ciudad más cara para el consumo de 9 metros cúbicos con un contador de 15 mm, no tiene instalado ningún contador de este calibre en la ciudad.
La asociación cuestiona la existencia de esta diferenciación de precios sobre la base del calibre del contador, dado que no existen razones técnicas para hacerlo. Así lo recogen las especificaciones de los propios fabricantes de contadores, así como los documentos técnicos de algunos operadores como Canal de Isabel II, y dos resoluciones emitidas por la Consejería de Industria de la Junta de Andalucía.
Asimismo, FACUA viene reclamando desde hace años la eliminación del canon de saneamiento que se aplica en el recibo del agua de los hogares de Extremadura, una tasa que se aplica desde 2012, pese a que desde entonces no se ha explicado qué finalidad persigue ni a qué obras o mejoras de la red se ha destinado su recaudación.
Grandes diferencias entre ciudades
Las mayores subidas se han producido en Albacete (entre un 13,4 y un 32,3% dependiendo del calibre de contador y el consumo), Logroño (en torno al 14%), Mérida (un 9,1%), Palencia (un 8%) y Bilbao (un 6%).
Ceuta es la ciudad con el agua más cara de las 57 analizadas, en todos los supuestos contemplados en el estudio. La segunda posición la ocupa Murcia, también en todos los supuestos contemplados en el análisis.
A partir de la tercera ciudad más cara, las ciudades difieren dependiendo del grosor del contador y el consumo mensual. Así, es en el caso de contadores de 13 mm y un consumo de 9 m3, los importes más elevados encontrados por FACUA tras Ceuta (con servicio gestionado por empresa pública), con una tarifa de 28,04 euros al mes y Murcia (empresa mixta), con 26,27 euros al mes, son Valencia (empresa mixta), con 21,15 euros, Alicante (empresa pública), 21,05 euros y Palma de Mallorca (empresa pública), 20,95 euros.
Para el mismo consumo pero un calibre de contador de 15 mm, las ciudades más caras tras Ceuta (28,04 euros) y Murcia (26,27 euros) son Santa Cruz de Tenerife (empresa mixta), con una tarifa de 23,21 euros (aunque en la actualidad no tiene ningún contador de este calibre instalado en la ciudad), Valencia (con una tarifa de 23,01 euros), Huelva (22,61 euros) y Alicante (21,05 euros).
En el otro extremo, la tarifa más barata se encuentra León (modelo de gestión mixto), con un precio de 4,83 euros para un consumo de agua de 9 m3 cúbicos al mes, independiente de si el calibre es de 13 o 15 mm. También es la ciudad más barata para un consumo mensual de 13 m3 independientemente del calibre del contador, con una tarifa de 7,29 euros.
Para un consumo de 9 m3, independientemente del calibre del contador le siguen Palencia (empresa privada), 6,97 euros, Soria (gestión mixta), 7,54 euros al mes; Oviedo (gestión privada), 7,72 euros y Ourense (gestión privada), 8,23 euros.
En Mérida, un consumo de 9m3 mensuales cuesta en 2020 15,94 euros para un contador con 13 ó 15 mm, mientras que un consumo de 13 m3 tiene un precio de 19,90 euros.
En 36 de las 57 ciudades analizadas (un 63%) no han modificado sus tarifas en 2020. El resto las han subido, o ha subido alguno de los elementos que forman parte del ciclo integral del agua (como puedan ser cánones locales o regionales). Tan sólo Murcia las ha bajado ligeramente, entre un 0,8 y un 1,5% dependiendo del calibre del contador y el consumo.
Tarifa progresiva
FACUA reclama a los ayuntamientos que adopten un sistema progresivo de tarificación que refleje mejor el consumo de los hogares por número de habitantes, de tal manera que se penalicen los consumos excesivos de una manera más realista y justa. Los consumos elevados en hogares en los que residen pocas personas podrían reflejar un despilfarro de agua que debería ser penalizado y resultar más caro que el consumo elevado de un hogar en el que residen muchas personas. Un sistema tarifario que contemple este tipo de cuestiones es más equitativo para la ciudadanía y asimismo permite premiar el ahorro con tarifas más asequibles.
Asimismo, la asociación considera imprescindible una regulación garantista frente al corte o suspensión del servicio, que defina y regule la situación de personas vulnerables de especial protección y que asegure un mínimo vital como un derecho de los usuarios. En este sentido, FACUA recuerda que la ONU ha reconocido el agua como un derecho humano y establece un cálculo que puede servir de referencia para establecer el mínimo vital. Así, la asociación recomienda que éste quede en cien litros por persona al día.
Bonificaciones
Casi todas las ciudades que forman parte del estudio, entre ellas Mérida y Badajoz, ofrecen algún tipo de bonificación o rebaja en la tarifa de acuerdo a algunas condiciones especiales: fundamentalmente, familias numerosas u hogares con más de un número determinado de convivientes (más de cuatro, como en Jerez de la Frontera, o más de seis, en Zaragoza). Un total de 38 ciudades ofrecen este tipo de tarifa o bonificación.
Destaca también la iniciativa de la empresa pública del agua en la Comunidad de Madrid, Canal de Isabel II, que durante 220 ha ofrecido también bonificaciones a aquellos domicilios con personas afectadas por ERTES causados por la pandemia de coronavirus.
FACUA reivindica que se incluya en la estructura tarifaria tarifas de carácter social que tengan en consideración colectivos desfavorecidos.
Aún son la excepción aquellos municipios que contemplan un suministro mínimo vital que garantice el acceso al agua corriente a todos los hogares (Córdoba y Huelva únicamente).
Asimismo, es incipiente la bonificación a aquellos hogares que hacen un ahorro de consumo en su factura del agua. Solamente Córdoba, Jerez de la Frontera, Madrid, Málaga, Palma de Mallorca, Teruel, Sevilla y Zaragoza contemplan descuentos que se aplican siguiendo diferentes criterios (Sevilla es la única ciudad que contempla en sus tarifas una tarifa especial si el consumo es inferior a 10 m3 mensuales).
Carencia normativa
En España, el suministro domiciliario de agua es competencia de los ayuntamientos, que lo gestionan desde el propio ente, consorcios o mancomunidades, o a través del otorgamiento de las concesiones de servicio a empresas públicas, privadas o mixtas. Son estas entidades las que deciden las tarifas con carácter anual. Sin embargo, en ocasiones el saneamiento depende de las comunidades autónomas, de manera parcial o total, por lo que intervienen en las tarifas a través de diferentes cánones o impuestos.
FACUA reclama que los ayuntamientos y entidades gestoras den participación a las asociaciones de consumidores a la hora de diseñar las tarifas y aprobarlas. Además, la asociación insiste en demandar una norma marco que regule aspectos básicos del servicio; estructuras tarifarias, procedimientos de aprobación, condiciones del servicio, reclamaciones, contratación y participación.
La asociación también reivindica la obligación de que las empresas que prestan este servicio cuenten con teléfonos gratuitos y oficinas para la atención a los usuarios, y que estén adheridas a procedimientos de resolución extrajudicial de conflictos como el Sistema Arbitral de Consumo.
Metodología
Para realizar este estudio, FACUA ha tenido en cuenta el ciclo integral del agua: las cuotas fijas y variables facturables tanto por el abastecimiento como por el saneamiento, alcantarillado, depuración y/o vertidos, junto a los posibles cánones o recargos relacionados con la mejora de infraestructuras, impulsión, sequía, etc.
En el caso de Ceuta, la ciudad donde es más cara el agua, tarifa para el factor fijo de las diferentes categorías que forman parte del ciclo integral de agua (abastecimiento y saneamiento) es diferente en función de la categoría fiscal de la calle de residencia (definida en la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas).
De los precios recogidos están excluidos conceptos como el alquiler y/o mantenimiento de contadores con importe independiente así como el IVA.
El estudio no recoge otros conceptos que influyen en el precio del agua, como son la disponibilidad y calidad del agua en origen, la calidad del servicio prestado o la existencia o no de subvenciones, tanto de explotación como de capital.
Mérida es la ciudad con la tercera mayor subida del precio del agua en 2020, de acuerdo a un estudio comparativo anual elaborado por FACUA-Consumidores en Acción sobre las tarifas del suministro domiciliario de agua en 57 ciudades españolas. La ciudad ha incrementado sus tarifas un 9%, por detrás de Albacete (entre un 13 y un 32%) y Logroño (14%).
El estudio abarca a todas las capitales de provincia y de comunidades autónomas (Santiago de Compostela y Mérida), las dos ciudades autónomas, así como Gijón, Jerez de la Frontera y Vigo, por tener una mayor población que las capitales de provincia respectivas.
Las variaciones tarifarias suponen hasta 278,50 euros al año de diferencia para una vivienda con un consumo de 9 metros cúbicos mensuales y un calibre de contador de 13 ó 15 mm, entre los 4,83 euros al mes que se pagan en León y los 28,04 euros que se abonan en Ceuta. Si el consumo alcanza los 13 m3 mensuales, las variaciones alcanzan los 329,43 euros al año.
Las viviendas con un consumo de 9 m3 mensuales, con un contador de calibre 13 mm, pagan de media en 2020 14,83 euros (un 1,2% más de lo que pagaron en 2019), frente a los 15,13 euros que pagan aquellos hogares que tienen instalado un contador de 15mm (un 1,6% más que en 2019). En aquellas familias con un consumo de 13 m3 mensuales y un contador de 13 mm, el precio medio alcanza los 20,62 euros (un 1,5% más que en 2019), frente a los 20,92 euros que abonan los hogares que consumen 13 m3 de agua con un contador de calibre 15 mm (un 1,4% más que en 2019)
El análisis de FACUA toma como referencia dos modelos: una vivienda con tres habitantes y un consumo mensual de 9 ó 13 metros cúbicos, con un contador de calibre 13 ó 15 mm. Una de las principales conclusiones es que tan sólo nueve ciudades distinguen en sus tarifas el calibre del contador en estas dos modalidades, las dos más habituales en los hogares españoles: Albacete, Castellón, Girona, Granada, Guadalajara, Huelva, Huesca, Madrid, Valencia y Santa Cruz de Tenerife. Curiosamente, ésta última, la tercera ciudad más cara para el consumo de 9 metros cúbicos con un contador de 15 mm, no tiene instalado ningún contador de este calibre en la ciudad.
La asociación cuestiona la existencia de esta diferenciación de precios sobre la base del calibre del contador, dado que no existen razones técnicas para hacerlo. Así lo recogen las especificaciones de los propios fabricantes de contadores, así como los documentos técnicos de algunos operadores como Canal de Isabel II, y dos resoluciones emitidas por la Consejería de Industria de la Junta de Andalucía.
Asimismo, FACUA viene reclamando desde hace años la eliminación del canon de saneamiento que se aplica en el recibo del agua de los hogares de Extremadura, una tasa que se aplica desde 2012, pese a que desde entonces no se ha explicado qué finalidad persigue ni a qué obras o mejoras de la red se ha destinado su recaudación.
Grandes diferencias entre ciudades
Las mayores subidas se han producido en Albacete (entre un 13,4 y un 32,3% dependiendo del calibre de contador y el consumo), Logroño (en torno al 14%), Mérida (un 9,1%), Palencia (un 8%) y Bilbao (un 6%).
Ceuta es la ciudad con el agua más cara de las 57 analizadas, en todos los supuestos contemplados en el estudio. La segunda posición la ocupa Murcia, también en todos los supuestos contemplados en el análisis.
A partir de la tercera ciudad más cara, las ciudades difieren dependiendo del grosor del contador y el consumo mensual. Así, es en el caso de contadores de 13 mm y un consumo de 9 m3, los importes más elevados encontrados por FACUA tras Ceuta (con servicio gestionado por empresa pública), con una tarifa de 28,04 euros al mes y Murcia (empresa mixta), con 26,27 euros al mes, son Valencia (empresa mixta), con 21,15 euros, Alicante (empresa pública), 21,05 euros y Palma de Mallorca (empresa pública), 20,95 euros.
Para el mismo consumo pero un calibre de contador de 15 mm, las ciudades más caras tras Ceuta (28,04 euros) y Murcia (26,27 euros) son Santa Cruz de Tenerife (empresa mixta), con una tarifa de 23,21 euros (aunque en la actualidad no tiene ningún contador de este calibre instalado en la ciudad), Valencia (con una tarifa de 23,01 euros), Huelva (22,61 euros) y Alicante (21,05 euros).
En el otro extremo, la tarifa más barata se encuentra León (modelo de gestión mixto), con un precio de 4,83 euros para un consumo de agua de 9 m3 cúbicos al mes, independiente de si el calibre es de 13 o 15 mm. También es la ciudad más barata para un consumo mensual de 13 m3 independientemente del calibre del contador, con una tarifa de 7,29 euros.
Para un consumo de 9 m3, independientemente del calibre del contador le siguen Palencia (empresa privada), 6,97 euros, Soria (gestión mixta), 7,54 euros al mes; Oviedo (gestión privada), 7,72 euros y Ourense (gestión privada), 8,23 euros.
En Mérida, un consumo de 9m3 mensuales cuesta en 2020 15,94 euros para un contador con 13 ó 15 mm, mientras que un consumo de 13 m3 tiene un precio de 19,90 euros.
En 36 de las 57 ciudades analizadas (un 63%) no han modificado sus tarifas en 2020. El resto las han subido, o ha subido alguno de los elementos que forman parte del ciclo integral del agua (como puedan ser cánones locales o regionales). Tan sólo Murcia las ha bajado ligeramente, entre un 0,8 y un 1,5% dependiendo del calibre del contador y el consumo.
Tarifa progresiva
FACUA reclama a los ayuntamientos que adopten un sistema progresivo de tarificación que refleje mejor el consumo de los hogares por número de habitantes, de tal manera que se penalicen los consumos excesivos de una manera más realista y justa. Los consumos elevados en hogares en los que residen pocas personas podrían reflejar un despilfarro de agua que debería ser penalizado y resultar más caro que el consumo elevado de un hogar en el que residen muchas personas. Un sistema tarifario que contemple este tipo de cuestiones es más equitativo para la ciudadanía y asimismo permite premiar el ahorro con tarifas más asequibles.
Asimismo, la asociación considera imprescindible una regulación garantista frente al corte o suspensión del servicio, que defina y regule la situación de personas vulnerables de especial protección y que asegure un mínimo vital como un derecho de los usuarios. En este sentido, FACUA recuerda que la ONU ha reconocido el agua como un derecho humano y establece un cálculo que puede servir de referencia para establecer el mínimo vital. Así, la asociación recomienda que éste quede en cien litros por persona al día.
Bonificaciones
Casi todas las ciudades que forman parte del estudio, entre ellas Mérida y Badajoz, ofrecen algún tipo de bonificación o rebaja en la tarifa de acuerdo a algunas condiciones especiales: fundamentalmente, familias numerosas u hogares con más de un número determinado de convivientes (más de cuatro, como en Jerez de la Frontera, o más de seis, en Zaragoza). Un total de 38 ciudades ofrecen este tipo de tarifa o bonificación.
Destaca también la iniciativa de la empresa pública del agua en la Comunidad de Madrid, Canal de Isabel II, que durante 220 ha ofrecido también bonificaciones a aquellos domicilios con personas afectadas por ERTES causados por la pandemia de coronavirus.
FACUA reivindica que se incluya en la estructura tarifaria tarifas de carácter social que tengan en consideración colectivos desfavorecidos.
Aún son la excepción aquellos municipios que contemplan un suministro mínimo vital que garantice el acceso al agua corriente a todos los hogares (Córdoba y Huelva únicamente).
Asimismo, es incipiente la bonificación a aquellos hogares que hacen un ahorro de consumo en su factura del agua. Solamente Córdoba, Jerez de la Frontera, Madrid, Málaga, Palma de Mallorca, Teruel, Sevilla y Zaragoza contemplan descuentos que se aplican siguiendo diferentes criterios (Sevilla es la única ciudad que contempla en sus tarifas una tarifa especial si el consumo es inferior a 10 m3 mensuales).
Carencia normativa
En España, el suministro domiciliario de agua es competencia de los ayuntamientos, que lo gestionan desde el propio ente, consorcios o mancomunidades, o a través del otorgamiento de las concesiones de servicio a empresas públicas, privadas o mixtas. Son estas entidades las que deciden las tarifas con carácter anual. Sin embargo, en ocasiones el saneamiento depende de las comunidades autónomas, de manera parcial o total, por lo que intervienen en las tarifas a través de diferentes cánones o impuestos.
FACUA reclama que los ayuntamientos y entidades gestoras den participación a las asociaciones de consumidores a la hora de diseñar las tarifas y aprobarlas. Además, la asociación insiste en demandar una norma marco que regule aspectos básicos del servicio; estructuras tarifarias, procedimientos de aprobación, condiciones del servicio, reclamaciones, contratación y participación.
La asociación también reivindica la obligación de que las empresas que prestan este servicio cuenten con teléfonos gratuitos y oficinas para la atención a los usuarios, y que estén adheridas a procedimientos de resolución extrajudicial de conflictos como el Sistema Arbitral de Consumo.
Metodología
Para realizar este estudio, FACUA ha tenido en cuenta el ciclo integral del agua: las cuotas fijas y variables facturables tanto por el abastecimiento como por el saneamiento, alcantarillado, depuración y/o vertidos, junto a los posibles cánones o recargos relacionados con la mejora de infraestructuras, impulsión, sequía, etc.
En el caso de Ceuta, la ciudad donde es más cara el agua, tarifa para el factor fijo de las diferentes categorías que forman parte del ciclo integral de agua (abastecimiento y saneamiento) es diferente en función de la categoría fiscal de la calle de residencia (definida en la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas).
De los precios recogidos están excluidos conceptos como el alquiler y/o mantenimiento de contadores con importe independiente así como el IVA.
El estudio no recoge otros conceptos que influyen en el precio del agua, como son la disponibilidad y calidad del agua en origen, la calidad del servicio prestado o la existencia o no de subvenciones, tanto de explotación como de capital.
