El Timo de Extremadura Avante · María Luisa García-Borruel · Candidata de UPYD a la Presidencia de la Junta de Extremadura
O cómo seguir despilfarrando los recursos de todos en proyectos fracasados.
La Junta de Extremadura está jugando a la ruleta rusa con los recursos y el futuro de los extremeños. La ley “20/2010 del 28 de diciembre, de concentración empresarial pública en la comunidad Autónoma de Extremadura” que entierra a SOFIEX para dar a luz a una nueva entidad denominada “Extremadura Avante” es una inocentada de mal gusto que se empecina en perpetuar un modelo que no ha sido capaz de generar riqueza y empleo sostenible en la región. Lo único que ha conseguido es consolidar un sistema de clientelismo y sumisión al poder político. Todo ello con cargo al erario público en un clima de falta de transparencia como ya señalaba el Informe del Tribunal de Cuentas 2004-2005 en el cual se puede leer que las empresas públicas extremeñas “no han sido objeto de controles financieros salvo como beneficiarias de subvenciones” ya que no se llevó a cabo la elaboración del Plan Anual de Auditoría al que obliga la Ley de Hacienda. Eso, en los ejercicios 2004-2005, en plena época de bonanza económica y expansión del gasto.
El artículo 128 de nuestra Constitución “reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general." Sin embargo, nuestro Estatuto de Autonomía va más allá y en su Artículo 7 declara que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materias como el “fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional y, en especial, la creación y gestión de un sector público regional propio de la Comunidad Autónoma”.
Es decir, los padres de nuestra patria autonómica se arrogaron desde el principio la facultad de convertirse en empresarios con el dinero de los contribuyentes en clara competencia desleal con la sociedad civil. De aquellos polvos, estos lodos. Se ha pervertido el ordenamiento jurídico convirtiendo la excepción en regla. Nuestros gobernantes, a golpe de DOE, se han convertido en empresarios gracias a nuestros impuestos para seguir, erre que erre, con sus proyectos repletos de duplicidades (también lo menciona el Informe del Tribunal de Cuentas) y de sonados fracasos que están en la mente de todos. Una estructura empresarial pública que se mantiene viva con cargo a los Capítulos IV (transferencias corrientes) y VII (transferencias de capital) de los presupuestos generales de nuestra comunidad autónoma, a la chita y callando como quien dice porque los ciudadanos de estas cosas no se enteran salvo cuando padecen sus efectos y ni siquiera. Al igual que en Andalucía, se está afianzando una estructura administrativa paralela que usurpa el papel de los funcionarios a través de mecanismos que permanecen ajenos al control y debida fiscalización. El resultado está a la vista: pymes y autónomos estrangulados por falta de crédito, un tejido industrial paupérrimo, paro galopante y unas empresas públicas sobredimensionadas cuyas cuentas siguen navegando en la opacidad y cuya nueva fusión se presenta como un canto a la austeridad y la eficacia.
Este doble lenguaje orwelliano que se ha instalado en el discurso del gobierno extremeño es muestra de su absoluta falta de escrúpulos al seguir considerando que a los ciudadanos es fácil tomarnos el pelo. Es escandaloso comprobar cómo este gobierno despilfarrador, en la exposición de motivos de la ley Avante, se sirve del lenguaje de la austeridad, la transparencia y la necesidad de recortes en el gasto público para justificar más despilfarro, más opacidad y más falta de control del gasto desbocado de una administración obsesionada con aferrarse a sus privilegios, sueldos vitalicios incluidos. Nos siguen considerando súbditos menores de edad y, en el colmo de los sarcasmos, el Presidente de la Junta se permite, en su mensaje de fin de año, invocar el espíritu crítico de los extremeños cuando es el principal responsable de un régimen basado en la coacción y la represalia al disidente, causa principal de la falta de libertad auténtica en el ejercicio de nuestros derechos ciudadanos en Extremadura.
Tras treinta años de gobierno, el Día de los Inocentes, la Junta de Extremadura aprueba una ley de urgencia para reorganizar un tinglado decrépito, cambiarle el nombre y venderlo como una innovación. Es la constatación objetiva del fracaso de una gestión que hemos pagado y seguimos pagando todos.
La Junta de Extremadura está jugando a la ruleta rusa con los recursos y el futuro de los extremeños. La ley “20/2010 del 28 de diciembre, de concentración empresarial pública en la comunidad Autónoma de Extremadura” que entierra a SOFIEX para dar a luz a una nueva entidad denominada “Extremadura Avante” es una inocentada de mal gusto que se empecina en perpetuar un modelo que no ha sido capaz de generar riqueza y empleo sostenible en la región. Lo único que ha conseguido es consolidar un sistema de clientelismo y sumisión al poder político. Todo ello con cargo al erario público en un clima de falta de transparencia como ya señalaba el Informe del Tribunal de Cuentas 2004-2005 en el cual se puede leer que las empresas públicas extremeñas “no han sido objeto de controles financieros salvo como beneficiarias de subvenciones” ya que no se llevó a cabo la elaboración del Plan Anual de Auditoría al que obliga la Ley de Hacienda. Eso, en los ejercicios 2004-2005, en plena época de bonanza económica y expansión del gasto.
El artículo 128 de nuestra Constitución “reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general." Sin embargo, nuestro Estatuto de Autonomía va más allá y en su Artículo 7 declara que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materias como el “fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional y, en especial, la creación y gestión de un sector público regional propio de la Comunidad Autónoma”.
Es decir, los padres de nuestra patria autonómica se arrogaron desde el principio la facultad de convertirse en empresarios con el dinero de los contribuyentes en clara competencia desleal con la sociedad civil. De aquellos polvos, estos lodos. Se ha pervertido el ordenamiento jurídico convirtiendo la excepción en regla. Nuestros gobernantes, a golpe de DOE, se han convertido en empresarios gracias a nuestros impuestos para seguir, erre que erre, con sus proyectos repletos de duplicidades (también lo menciona el Informe del Tribunal de Cuentas) y de sonados fracasos que están en la mente de todos. Una estructura empresarial pública que se mantiene viva con cargo a los Capítulos IV (transferencias corrientes) y VII (transferencias de capital) de los presupuestos generales de nuestra comunidad autónoma, a la chita y callando como quien dice porque los ciudadanos de estas cosas no se enteran salvo cuando padecen sus efectos y ni siquiera. Al igual que en Andalucía, se está afianzando una estructura administrativa paralela que usurpa el papel de los funcionarios a través de mecanismos que permanecen ajenos al control y debida fiscalización. El resultado está a la vista: pymes y autónomos estrangulados por falta de crédito, un tejido industrial paupérrimo, paro galopante y unas empresas públicas sobredimensionadas cuyas cuentas siguen navegando en la opacidad y cuya nueva fusión se presenta como un canto a la austeridad y la eficacia.
Este doble lenguaje orwelliano que se ha instalado en el discurso del gobierno extremeño es muestra de su absoluta falta de escrúpulos al seguir considerando que a los ciudadanos es fácil tomarnos el pelo. Es escandaloso comprobar cómo este gobierno despilfarrador, en la exposición de motivos de la ley Avante, se sirve del lenguaje de la austeridad, la transparencia y la necesidad de recortes en el gasto público para justificar más despilfarro, más opacidad y más falta de control del gasto desbocado de una administración obsesionada con aferrarse a sus privilegios, sueldos vitalicios incluidos. Nos siguen considerando súbditos menores de edad y, en el colmo de los sarcasmos, el Presidente de la Junta se permite, en su mensaje de fin de año, invocar el espíritu crítico de los extremeños cuando es el principal responsable de un régimen basado en la coacción y la represalia al disidente, causa principal de la falta de libertad auténtica en el ejercicio de nuestros derechos ciudadanos en Extremadura.
Tras treinta años de gobierno, el Día de los Inocentes, la Junta de Extremadura aprueba una ley de urgencia para reorganizar un tinglado decrépito, cambiarle el nombre y venderlo como una innovación. Es la constatación objetiva del fracaso de una gestión que hemos pagado y seguimos pagando todos.
