El Ministerio de Justicia, a través de la Dirección General de Memoria Histórica, ha enviado un escrito solicitando a 656 ayuntamientos españoles que eliminen los vestigios del franquismo que todavía puedan quedar en espacios públicos de sus respectivos municipios, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 52/2007, de 26 de diciembre, conocida como de la Memoria Histórica. 

Entre los municipios que se señalan, 15 de la provincia de Badajoz, entre ellos, Montijo y Guadiana del Caudillo.

Los datos de que disponía el INE (Instituto Nacional de Estadística) hablaba de más de 1.171 calles y plazas españolas repartidas entre estos municipios con nombres de destacadas figuras del franquismo, además de los vestigios franquistas que se dan en distintas formas (placas, escudos, estandartes, etc).

A estos municipios se solicita certificación sobre “la no existencia de simbología de exaltación en su municipio” y, en caso de que la hubiera, “proceda a dar cumplimiento a la Ley 52/2007, elaborando el catálogo de vestigios municipal, con su inmediata retirada de los escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación de la sublevación militar y represión de la dictadura”, según señala Fernando Martínez López, director general para la Memoria Histórica.

Guadiana del Caudillo y Montijo

En el caso de Guadiana del Caudillo de sobra es conocida la polémica que el Ayuntamiento y la Diputación de Badajoz se traen alrededor del tema de los vestigios históricos y que se está tratando, además, en los Juzgados.

En cuanto a Montijo, puestos en contacto con María Jesús Rodríguez Villa, concejala de Cultura, Educación y Mujer del Ayuntamiento de Montijo, nos señala que la localidad dispone del Certificado del Comité de Expertos de Memoria Histórica de Diputación de Badajoz que, con fecha enero de 2018 acredita que Montijo cumple con la Ley de Memoria Histórica. “Montijo cumple de más con la Memoria Histórica. Hemos añadido 16 nombres al monolito por los caídos que hay en el Cementerio, se han eliminado calles, las placas de los edificios donde aún estaban los anuncios del ‘Instituto Nacional de la Vivienda’, se han realizado jornadas de información sobre la Memoria Histórica, e incluso se retiró la mención existente hasta 2017 a Francisco Franco, Gonzalo Queipo de Llano y Juan Yagüe como “hijos predilectos y adoptivos” de Montijo. Lo único que queda pendiente, porque los trámites y pasos a seguir van despacio, es la declaración de Bien de Interés Cultural de las Colonias Penitenciarias.”

El director general recuerda en su misiva que la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo del 7 de junio de 2013 estableció que “el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica impone a todas las Administraciones Públicas adoptar las medidas oportunas para que se proceda a la retirada de aquellos monumentos conmemorativos que supongan una exaltación de la Guerra Civil, con el objeto de dar cumplimiento al espíritu de reconciliación y concordia que permitió el alumbramiento de la Constitución de 1978”. Aquella sentencia rechazó un recurso contra la retirada de la estatua ecuestre del dictador Franco de la madrileña plaza de San Juan de la Cruz. 

Además de los 656 municipios que, en principio, podrían conservar vestigios franquistas exhibidos en espacios públicos estos, el director general de Memoria Histórica también ha solicitado a todos los gobiernos autonómicos información “sobre la existencia de simbología de exaltación de Guerra Civil y dictadura en territorios autonómicos, para proceder a obrar en cumplimiento con la Ley 52/2007”.

El artículo 15.1 de dicha ley establece que “las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas”.