Para UPA-UCE, "Apolo tenía acceso a todas las cuentas de la organización por la responsabilidad que ostentaba dentro de la misma, por lo que queda demostrado que abusó de la confianza depositada en él para lucrarse a nivel personal, tal y como ha reconocido en sus declaraciones ante la jueza".

Por su parte Antonio Prieto señala que en su momento se contrató a Apolo para contar con alguien experto en la organización que conociera bien el plano contable, fiscal, laboral y financiero: “Si la persona que contratas para eso te dice que es legal, no lo pones en duda”, hace hincapié Prieto.

Respecto al acuerdo al que se llegó con el exasesor, Ramos y Prieto señalan que ellos no conocen los términos del mismo puesto que no estuvieron presentes en las reuniones en las que se negoció; pero que la decisión de no denunciar se tomaría para “intentar recuperar lo que nos había robado”.

Ramos recalca que “no se ha demostrado que UPA-UCE haya cometido ningún delito” ya que la organización puede demostrar que “los expedientes de asesoramiento se han realizado”. Desde UPA reiteran que las ayudas han sido supervisadas por la Administración: “Todos los requisitos de la convocatoria se han cumplido”. También la exigencia de un gabinete técnico específico para llevar a cabo las asesorías a los agricultores.

En este sentido, Ramos lamenta el trato de la Guardia Civil en este caso: “El trato que han recibido nuestros trabajadores por parte de la Guardia Civil ha sido bochornoso”. También denuncian las declaraciones a la prensa de la institución, en las que se expresaba que cuando se les llamó se les informó de que iban a ser detenidos: “Eso es mentira, se les llamó para declarar”.

Desde UPA-UCE exigen justicia con la organización y con sus dirigentes: “Estamos dispuestos a colaborar en todo lo que sea necesario, pero con los datos que tenemos encima de la mesa no hay ningún motivo para que nuestros compañeros sigan en prisión”.