Se investiga si el sobrino de un diputado tuvo acceso a un examen de Capataz Agrícola
El juzgado de instrucción número 2 de Badajoz ha incoado diligencias previas en relación con un presunto “delito de infidelidad en la custodia de un documento” por parte de algún funcionario que tuvo acceso a un examen de la Diputación de Badajoz en el que obtuvo una puntuación de 10 el sobrino del diputado provincial de Agricultura.
El juez Emilio García Cancho da curso a la denuncia presentada por Manuel Díaz Jiménez, quien obtuvo la segunda puntuación en el examen convocado por la Diputación de Badajoz para cubrir un puesto de “Capataz Agrícola”, mediante un contrato temporal en interinidad.
El abogado del denunciante puso en conocimiento del juzgado las presuntas irregularidades que comenzaron cuando se explicó a los trece aspirantes que el examen iba a ser oral.
Circunstancia denunciada inmediatamente por los observadores sindicales por entender que “no quedaría constancia de las respuestas y que sería imposible reclamar”, lo que obligó a modificar la metodología de la prueba y a hacerla por escrito.
Cuando se hicieron públicas las notas: Manuel Díaz había obtenido un 5,5 y el decimotercer aspirante, que había usado las mismas palabras que figuraban en la planilla de corrección, había pasado la prueba con una nota de 10. La nota extrañó, pero más que se tratara del sobrino de Juan Moreno, el diputado provincial de Agricultura de la Diputación, responsable del Área para la que se proveía ese puesto y alcalde de Arroyo de San Serván.
Conocidos los hechos, dos representantes del sindicato CSI-F se personaron el mismo día del examen en el despacho de la directora de Recursos Humanos de la Diputación para solicitarle que «custodiase convenientemente los ejercicios» y comunicaron los hechos a los medios de comunicación. Entonces, la Diputación de Badajoz publicó una nota anunciando la suspensión del procedimiento y la realización de nueva prueba de selección. Esas explicaciones no convencieron a Manuel Díaz y decidió iniciar unas acciones judiciales en cuyas diligencias previas ha sido llamada a declarar la jefa del Servicio de Administración y Recursos Humanos de la Diputación de Badajoz, Begoña Arce. También se ha librado un oficio al área de Recursos Humanos y Régimen Interior de la Diputación para obtener nuevos datos.
De momento, la Diputación de Badajoz no ha valorado el auto dictado por el juez.
El juez Emilio García Cancho da curso a la denuncia presentada por Manuel Díaz Jiménez, quien obtuvo la segunda puntuación en el examen convocado por la Diputación de Badajoz para cubrir un puesto de “Capataz Agrícola”, mediante un contrato temporal en interinidad.
El abogado del denunciante puso en conocimiento del juzgado las presuntas irregularidades que comenzaron cuando se explicó a los trece aspirantes que el examen iba a ser oral.
Circunstancia denunciada inmediatamente por los observadores sindicales por entender que “no quedaría constancia de las respuestas y que sería imposible reclamar”, lo que obligó a modificar la metodología de la prueba y a hacerla por escrito.
Cuando se hicieron públicas las notas: Manuel Díaz había obtenido un 5,5 y el decimotercer aspirante, que había usado las mismas palabras que figuraban en la planilla de corrección, había pasado la prueba con una nota de 10. La nota extrañó, pero más que se tratara del sobrino de Juan Moreno, el diputado provincial de Agricultura de la Diputación, responsable del Área para la que se proveía ese puesto y alcalde de Arroyo de San Serván.
Conocidos los hechos, dos representantes del sindicato CSI-F se personaron el mismo día del examen en el despacho de la directora de Recursos Humanos de la Diputación para solicitarle que «custodiase convenientemente los ejercicios» y comunicaron los hechos a los medios de comunicación. Entonces, la Diputación de Badajoz publicó una nota anunciando la suspensión del procedimiento y la realización de nueva prueba de selección. Esas explicaciones no convencieron a Manuel Díaz y decidió iniciar unas acciones judiciales en cuyas diligencias previas ha sido llamada a declarar la jefa del Servicio de Administración y Recursos Humanos de la Diputación de Badajoz, Begoña Arce. También se ha librado un oficio al área de Recursos Humanos y Régimen Interior de la Diputación para obtener nuevos datos.
De momento, la Diputación de Badajoz no ha valorado el auto dictado por el juez.
