UPA-UCE pide al juzgado que se asegure la imparcialidad de sus actuaciones evitando las continuas filtraciones de sus actuaciones y diligencias
Manifestamos una gran preocupación por las filtraciones de documentos judiciales en lo que parece constituir una actuación interesada para garantizar la condena pública antes de que se produzca la actuación de la justicia. La organización profesional agraria lamenta esta estrategia que parece querer influir en el ánimo de la Audiencia Provincial al tiempo que mina la honorabilidad de sus dirigentes que, incomprensiblemente, se mantienen en prisión.
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UPA-UCE, que viene manteniendo extrema prudencia en sus valoraciones sobre las decisiones judiciales que desembocaron en el ingreso en prisión de Ignacio Huertas y Maximiano Alcón, se ve obligada a expresar su sorpresa y preocupación por la continua filtración a los medios de comunicación de las actuaciones y diligencias que se desarrollan en el marco de la instrucción judicial y el ejercicio del derecho de defensa de sus dirigentes.
En opinión de la organización, no parecen inocuas ni desinteresadas tales filtraciones, que propician la percepción pública de que las diligencias, trámites y actuaciones que se desarrollan en este proceso señalan a los dirigentes de UPA-UCE como culpables antes aún de que se produzca la actuación de la justicia, minando de esta forma públicamente la presunción de inocencia y la honorabilidad y el prestigio de los detenidos.
Por ello UPA-UCE lamenta esta estrategia, sin conocer por quién es impulsada, que parece también querer influir en el ánimo de los magistrados de la Audiencia Provincial de Badajoz que habrán de resolver sobre la puesta en libertad de Ignacio Huertas y Maximiano Alcón y solicita públicamente a la juez instructora del caso que extreme las precauciones para evitar nuevas filtraciones que puedan afectar a la imparcialidad, aunque sólo sea en el ámbito de la opinión pública.
UPA-UCE recuerda y reafirma que está a plena disposición de la justicia para colaborar y aportar cuanta documentación e información le sea requerida y, asimismo, que tras los meses de instrucción y la exhaustiva documentación e información obtenida de entidades financieras, organismos públicos y los registros realizados en las sedes de la organización no existen ya documentos ni pruebas que puedan ser ocultados ni destruidos, por lo que entiende que la continuidad de la medida de prisión preventiva de sus dirigentes es, a día de hoy, injustificada.
UPA-UCE, que viene manteniendo extrema prudencia en sus valoraciones sobre las decisiones judiciales que desembocaron en el ingreso en prisión de Ignacio Huertas y Maximiano Alcón, se ve obligada a expresar su sorpresa y preocupación por la continua filtración a los medios de comunicación de las actuaciones y diligencias que se desarrollan en el marco de la instrucción judicial y el ejercicio del derecho de defensa de sus dirigentes.
En opinión de la organización, no parecen inocuas ni desinteresadas tales filtraciones, que propician la percepción pública de que las diligencias, trámites y actuaciones que se desarrollan en este proceso señalan a los dirigentes de UPA-UCE como culpables antes aún de que se produzca la actuación de la justicia, minando de esta forma públicamente la presunción de inocencia y la honorabilidad y el prestigio de los detenidos.
Por ello UPA-UCE lamenta esta estrategia, sin conocer por quién es impulsada, que parece también querer influir en el ánimo de los magistrados de la Audiencia Provincial de Badajoz que habrán de resolver sobre la puesta en libertad de Ignacio Huertas y Maximiano Alcón y solicita públicamente a la juez instructora del caso que extreme las precauciones para evitar nuevas filtraciones que puedan afectar a la imparcialidad, aunque sólo sea en el ámbito de la opinión pública.
UPA-UCE recuerda y reafirma que está a plena disposición de la justicia para colaborar y aportar cuanta documentación e información le sea requerida y, asimismo, que tras los meses de instrucción y la exhaustiva documentación e información obtenida de entidades financieras, organismos públicos y los registros realizados en las sedes de la organización no existen ya documentos ni pruebas que puedan ser ocultados ni destruidos, por lo que entiende que la continuidad de la medida de prisión preventiva de sus dirigentes es, a día de hoy, injustificada.
