La denuncia de los vecinos y policía local obliga al Ayuntamiento a actuar en la retirada de mobiliario
Con relación a la retirada de mobiliario urbano de dos establecimientos de la plaza de la Constitución, el Ayuntamiento comunica que, que el pasado 14 de junio, se notificó a los propietarios de ambos que no tenían licencia de terraza (de ocupación de vía pública), por lo que no podían abrir la terraza ni tener en la calle ningún tipo de mobiliario.
El Ayuntamiento se ve obligado a actuar así ante las denuncias de vecinos de la zona y de la propia Policía Local, por lo que no hay ningún tipo de persecución contra este tipo de establecimientos.
Además hay que señalar que se les dio a los propietarios un plazo de 24 horas para cerrar la terraza y recoger el mobiliario; y aunque cerraron la terraza las sillas y mobiliario seguía apilado, por lo que a las 48 horas se decidió retirarlo.
El Ayuntamiento está haciendo ahora los trámites legales oportunos para solucionar el asunto cuanto antes, ya que se entiende que es un negocio del que dependen muchos trabajadores y familias, pero es indudable que se ha visto obligado a actuar así porque la falta de actuación por parte de la administración local puede conllevar un delito, y tenemos un ejemplo en el de la anterior delegada de Urbanismo Raquel Bravo que, por su pasividad ante una denuncia de vecinos, está hoy imputada.
Con este antecedente, es vergonzoso que el partido Popular apoye actuaciones que van contra la ley y la autoridad, al contrario que el equipo de gobierno actual, que siempre va a respetar la legalidad, como demuestra en todas sus actuaciones, a pesar de que la oposición no lo crea así.
El Ayuntamiento se ve obligado a actuar así ante las denuncias de vecinos de la zona y de la propia Policía Local, por lo que no hay ningún tipo de persecución contra este tipo de establecimientos.
Además hay que señalar que se les dio a los propietarios un plazo de 24 horas para cerrar la terraza y recoger el mobiliario; y aunque cerraron la terraza las sillas y mobiliario seguía apilado, por lo que a las 48 horas se decidió retirarlo.
El Ayuntamiento está haciendo ahora los trámites legales oportunos para solucionar el asunto cuanto antes, ya que se entiende que es un negocio del que dependen muchos trabajadores y familias, pero es indudable que se ha visto obligado a actuar así porque la falta de actuación por parte de la administración local puede conllevar un delito, y tenemos un ejemplo en el de la anterior delegada de Urbanismo Raquel Bravo que, por su pasividad ante una denuncia de vecinos, está hoy imputada.
Con este antecedente, es vergonzoso que el partido Popular apoye actuaciones que van contra la ley y la autoridad, al contrario que el equipo de gobierno actual, que siempre va a respetar la legalidad, como demuestra en todas sus actuaciones, a pesar de que la oposición no lo crea así.
