Fueron los propios empleados del Ayuntamiento los que, tras un cambio en la jefatura, hallaron pruebas de estos delitos. Concretamente, se encontró una carpeta con el nombre de “denuncias no tramitadas” en la que había más de 90 denuncias de tráfico, que ascendían a la cantidad de 17.000 euros.

El Ayuntamiento, como acusación particular, ha pedido una pena de 7 años de inhabilitación en sus funciones a cada policía y una indemnización.