Desarticulado un grupo organizado que falsificaba nóminas y contratos de trabajo para regularizar la situación de los extranjeros en España
Por cada contrato de trabajo por cuenta ajena que falsificaban llegaban a cobrar 650 euros trimestrales.
Agentes de la Policía Nacional han procedido a
desarticular un grupo organizado dedicado a la falsificación de nóminas y
contratos de trabajo a nombre de ciudadanos extranjeros que éstos utilizaban
para regular su situación administrativa en España o reagrupar a familiares
desde sus países de origen.
La investigación comenzó sobre el mes de marzo
del presente año cuando, como resultado de los controles administrativos
llevados a cabo por los funcionarios de la Brigada Provincial de Extranjería y
Fronteras de Cáceres de la documentación presentada por los ciudadanos
extranjeros en la Subdelegación del Gobierno de dicha localidad, al objeto de
poder detectar cualquier infracción de las leyes vigentes en materia de
extranjería, se observaron varias irregularidades en diferentes expedientes de
reagrupación familiar y renovación de autorizaciones de residencia y trabajo solicitados
por ciudadanos extranjeros, mayoritariamente de nacionalidad marroquí.
Más concretamente en dichos expedientes
aparecían una serie de nóminas como manera de justificar los medios de vida del
interesado, cuando éste estaba dado de
alta en el régimen especial de trabajadores autónomos en la venta
ambulante y por lo tanto los ingresos
deberían provenir de la venta directa en mercadillos y no a través de nóminas.
Además en todos estos expedientes la empresa
que emitía las nóminas siempre era la misma, una sociedad cooperativa domiciliada en Plasencia.
Continuando con la investigación se pudo
comprobar que las nóminas presentadas carecían de los requisitos legalmente
establecidos en la normativa en vigor y
que la empresa que emitía dichas nóminas, en los últimos cuatro años, había
declarado unos ingresos de 25.000 euros y unos gastos en personal en dicho
período superior a los 460.000 euros, lo que llevó al convencimiento de los investigadores
de que la nóminas y contratos de trabajo que obraban en los expedientes eran
completamente falsos.
Así mismo, con la práctica de las gestiones
oportunas, se pudo determinar el modo en que actuaba el grupo: los
representantes de la sociedad cooperativa daban de alta a los ciudadanos
marroquíes que se lo solicitaban en el régimen especial de trabajadores
autónomos a cambio del pago de 130 euros mensuales. Cuando dichos ciudadanos
tenían que renovar sus autorizaciones de residencia o trabajo o solicitar una
reagrupación familiar, en las que se exige que justifiquen medios de vida
suficientes, acudían a dicha sociedad y les solicitaba varias nóminas, por la
que pagaban otros 130 euros cada una, y un contrato de trabajo por cuenta
ajena, por el que llegaban a pagar 650 euros por trimestre a la ssociedad,
presentando tanto las nóminas como el
contrato falso ante la Subdelegación del Gobierno para la tramitación de la
solicitud.
Obtenidas las pruebas e indicios necesarios,
el pasado día 29 de septiembre, se procedió a la detención de los dos presuntos
cabecillas del grupo, una mujer y un varón de nacionalidad española, de 48 y 50
años de edad, sin antecedentes, los cuales fueron trasladados hasta
dependencias policiales para la tramitación de las correspondientes
diligencias, tras las cuales fueron puestos a disposición de la autoridad
judicial.
Durante la investigación se procedió a la
detención de otros diez ciudadanos marroquíes como presuntos autores de un
delito de falsedad documental, por utilizar las nóminas y contratos de trabajo
falsos para intentar regularizar su situación administrativa en España.
La investigación continúa abierta y no se
descartan nuevas detenciones.
Agentes de la Policía Nacional han procedido a desarticular un grupo organizado dedicado a la falsificación de nóminas y contratos de trabajo a nombre de ciudadanos extranjeros que éstos utilizaban para regular su situación administrativa en España o reagrupar a familiares desde sus países de origen.
La investigación comenzó sobre el mes de marzo del presente año cuando, como resultado de los controles administrativos llevados a cabo por los funcionarios de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Cáceres de la documentación presentada por los ciudadanos extranjeros en la Subdelegación del Gobierno de dicha localidad, al objeto de poder detectar cualquier infracción de las leyes vigentes en materia de extranjería, se observaron varias irregularidades en diferentes expedientes de reagrupación familiar y renovación de autorizaciones de residencia y trabajo solicitados por ciudadanos extranjeros, mayoritariamente de nacionalidad marroquí.
Más concretamente en dichos expedientes aparecían una serie de nóminas como manera de justificar los medios de vida del interesado, cuando éste estaba dado de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos en la venta ambulante y por lo tanto los ingresos deberían provenir de la venta directa en mercadillos y no a través de nóminas.
Además en todos estos expedientes la empresa que emitía las nóminas siempre era la misma, una sociedad cooperativa domiciliada en Plasencia.
Continuando con la investigación se pudo comprobar que las nóminas presentadas carecían de los requisitos legalmente establecidos en la normativa en vigor y que la empresa que emitía dichas nóminas, en los últimos cuatro años, había declarado unos ingresos de 25.000 euros y unos gastos en personal en dicho período superior a los 460.000 euros, lo que llevó al convencimiento de los investigadores de que la nóminas y contratos de trabajo que obraban en los expedientes eran completamente falsos.
Así mismo, con la práctica de las gestiones oportunas, se pudo determinar el modo en que actuaba el grupo: los representantes de la sociedad cooperativa daban de alta a los ciudadanos marroquíes que se lo solicitaban en el régimen especial de trabajadores autónomos a cambio del pago de 130 euros mensuales. Cuando dichos ciudadanos tenían que renovar sus autorizaciones de residencia o trabajo o solicitar una reagrupación familiar, en las que se exige que justifiquen medios de vida suficientes, acudían a dicha sociedad y les solicitaba varias nóminas, por la que pagaban otros 130 euros cada una, y un contrato de trabajo por cuenta ajena, por el que llegaban a pagar 650 euros por trimestre a la ssociedad, presentando tanto las nóminas como el contrato falso ante la Subdelegación del Gobierno para la tramitación de la solicitud.
Obtenidas las pruebas e indicios necesarios, el pasado día 29 de septiembre, se procedió a la detención de los dos presuntos cabecillas del grupo, una mujer y un varón de nacionalidad española, de 48 y 50 años de edad, sin antecedentes, los cuales fueron trasladados hasta dependencias policiales para la tramitación de las correspondientes diligencias, tras las cuales fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.
Durante la investigación se procedió a la detención de otros diez ciudadanos marroquíes como presuntos autores de un delito de falsedad documental, por utilizar las nóminas y contratos de trabajo falsos para intentar regularizar su situación administrativa en España.
La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.




















