Las denominadas organizaciones interprofesionales agroalimentarias son entidades en las que, básicamente, se encuentran representadas los productores (agricultores y ganaderos) y los transformadores (industriales) de un determinado sector agroalimentario o, incluso, de un determinado producto agroalimentario concreto.

Entre sus principales funciones destacan las de velar por el adecuado funcionamiento de la cadena alimentaria, mejorar el conocimiento, la eficiencia y la transparencia de los mercados, mejorar la coordinación de los diferentes operadores o, entre otras muchas, mejorar la calidad de los productos en todas las fases.

Para el correcto desarrollo de sus funciones, las organizaciones interprofesionales agroalimentarias adoptan acuerdos que afecta, exclusivamente, a sus miembros y, además y es en este punto donde su actividad deviene trascendental para el sector o producto afectado, pueden adoptar otros acuerdos, las denominadas extensiones de norma, que son obligatorios, no sólo para sus miembros, sino para todos los productores y operadores del sector afectado o del producto en cuestión.

Para que el acuerdo de una determinada interprofesional pueda extenderse, a modo de extensión de norma, a todo un sector o producto, ha de contar con el respaldo de al menos el 50 % de los productores y operadores del mismo y de las 75 % de las producciones afectadas.

Es, precisamente, cuando una organización interprofesional viene a “legislar” a través de una extensión de norma cuando el colectivo afectado; esto es: agricultores/ganaderos e industriales, ha de adquirir un absoluto protagonismo, sin que esta sea, en absoluto, la realidad en la que nos movemos.

En la actualidad, una inmensa mayoría de los agricultores y ganaderos afectados desconocen la propia existencia de un gran número de las distintas interprofesionales, ignoran cuales sus fines y objetivos, desconocen quienes las integran y si los representan realmente o no, cuales son sus actuaciones o su forma de financiación, etc., etc., etc.

Tal falta de información, quizá interesada, resulta especialmente grabe cuando de lo que se habla es de las referidas extensiones de norma y de las repercusiones que las mismas tienen, especialmente, de aquellas de naturaleza económica.

Todo este cúmulo de circunstancias, además de ser incompatibles con los más mínimos valores democráticos de transparencia y participación, vienen dando lugar a numerosos conflictos entre los diferentes eslabones que conforman cada sector, productores, industriales, etc., conflictos que encuentran su origen en la interpretación que cada uno de tales eslabones dan o quiere dar de las extensiones de norma que les obligan.

Tales conflictos se vienen dando a diario, fundamentalmente, en lo que respecto a las aportaciones económicas que productores e industriales han de realizar, por causa de las referidas extensiones, que son obligatorias y que, en gran medida, son las que viene a financiar, en casos de forma desmesurada, a las propias organizaciones interprofesionales agroalimentarias.

Son miles los agricultores y ganaderos y agrupaciones de los mismos los que, desconociendo, en muchos casos, la existencia de la propia extensión de norma de que se trate o, incluso, la existencia de la propia interprofesionales que la impone, ven en las liquidaciones de los productos que venden reducciones, minoraciones, etc., en muchos casos significativas, que tienen por causa interprofesionales o extensiones de las que nada saben y, lo que es quizá aún peor, desconociendo el destino de tales dineros.

No estamos hablando de menudencias y sí de cantidades muy importantes de esos dineros y, a tales efectos, obsérvese, a modo de ejemplo, como la recaudación conjunta de cinco de las principales extensiones de norma ascienden a más de 14 millones de euros anuales, distribuyéndose de la siguiente manera:

· Aceite de almazara: 9 millones de euros

· Aceituna de aderezo: 2’3 millones de euros

· Ovino: 1’5 millones de euros

· Porcino ibérico: 400.000€

· Cunicultura: 1’05 millones de euros

A esta ingente cantidad de recursos habrían de añadirse las distintas aportaciones que las interprofesionales consiguen procedentes de programas cofinanciados con fondos nacionales o europeos.

El origen, gestión, fiscalización, etc. de esas, repetimos, ingentes cantidades de dineros, que, además, se van a ver incrementadas con la suma de fondos provenientes de extensiones de norma de próxima aprobación, como las de la comercialización del  vino, el tomate o el vacuno en ganadería, requieren de un especial esfuerzo de claridad y transparencia y son absolutamente incompatibles con una gestión distante con respecto a los agricultores y ganaderos afectados y que, en gran medida, son los que las pagan.

En tal sentido, APAG EXTREMADURA ASAJA considera de vital importancia incorporar sistemas más cercanos y democráticos, de participación y transparencia, en la aprobación y aplicación de las distintas extensiones de normas y en la fiscalización y control de los ingentes recursos que de ellas emanan.