La delegada de Servicios Sociales, Mercedes Carmona, dio a conocer ayer la puesta en marcha de la Oficina de Intermediación ante los Desahucios que “lleva funcionando desde el primer día que tomamos posesión como gobierno”.

Como indicó Carmona “era una prioridad del alcalde la elaboración de un proyecto antidesahucio: era un compromiso electoral, un proyecto necesario y urgente. Con ella tratamos de dar amparo social y en todos los aspectos primando a la familia”.

En este sentido, la delegada explicó que “priorizamos los casos dando más urgencia a aquellas familias con niños o mayores dependientes a su cargo”. La finalidad de esta Oficina es la de buscar “una solución habitable para todos, nadie se va a quedar en la calle”.

“La puesta en marcha de este servicio viene también motivado por la dejación de funciones del anterior gobierno que no puso los medios para paliar esta situación”.

Mercedes Carmona evaluó el primer mes de funcionamiento de la Oficina: “se han abierto 41 expedientes desde esta oficina en un mes de trabajo. A los que se añaden 30 casos de alquileres sociales en casos de extrema necesidad y además hemos atendido 48 casos de asesoramiento en temas de vivienda. En total, hemos atendido a día de hoy 94 casos”.

La Oficina de Intermediación va a trabajar no solo con los casos judiciales, en los que hay una notificación del juzgado, sino también ante las reclamaciones extrajudiciales entre particulares, viviendas de alquiler social y todo tipo de alquileres. “Por tanto, no solo actuamos en el inicio de un procedimiento de desahucio sino en cualquier momento de una reclamación extrajudicial” recalca la delegada.

 “Desde que se notifica la demanda tenemos diez días para actuar, por eso rogamos que aquellas personas que padezcan estas situaciones se pongan en contacto con la Oficina en un plazo de 72 horas. Nosotros nos comprometemos a valorar el caso y ofrecer una respuesta en un plazo de otras 72 horas y ofrecer la mediación”.

“Además, en las ejecuciones hipotecarias los bancos envían una reclamación extrajudicial requiriendo por falta de pago. Nuestro trabajo consiste en atender y priorizar, para después gestionar con el banco un alquiler social, una dación en pago o una moratoria. Intentamos dar una solución o por lo menos ofrecer otras alternativas para paliar la situación”.

“En las reclamaciones entre particulares por falta de pago mediamos a través del abogado del arrendador para llegar a un acuerdo. En caso contrario podríamos derivar a la adjudicación de viviendas sociales”.

“En el caso de alquileres sociales, al ser un asunto entre administraciones, la mediación suele ser más fácil. Cuando la administración interpone un desahucio los resultados son más positivos y mediamos para evitarlo con diferentes alternativas”.

De otro lado, Carmona indicó que “en coordinación con la esta Oficina pondremos en marcha también una oficina de vivienda para facilitar soluciones habitables a todas las personas en situación de exclusión y desamparo”.

Ocupación de viviendas en La Calzada

En relación a la ocupación de viviendas en La Calzada, Mercedes Carmona recalcó que “la ocupación ilegal no tiene cabida en el protocolo antidesahucios”.

“Aquí se está velando por el bienestar no solo a los vecinos de la zona y propietarios sino también por el desequilibrio social que sufren otras personas que necesitan vivienda igual o más que los que están ocupándolas”.

“No por pertenecer a un colectivo se va a priorizar: la Oficina dará respuesta siempre que no se trate de una ocupación ilegal, un allanamiento o similares. En una ocupación ilegal no podemos dar un amparo porque no se está empadronado en esa vivienda. No podemos amparar a quién comete un atropello en perjuicio de su propio colectivo. Este colectivo dice que ampara pero no me ha demostrado a día de hoy que represente a nadie”.