La Guardia Civil interviene 1400 kilogramos de pescado no apto para el consumo
En la madrugada del pasado martes, la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Badajoz (USECIC), identificó al conductor de un furgón que transitaba por la carretera A-66, dentro del término municipal de Mérida.
Tras la inspección de la carga que
transportaba, los agentes intervinieron 241 cajas de pescado de la especie
“bacaladilla” y “pijotas”, que carecía de las mínimas condiciones estipuladas
en la legislación para su posterior consumo.
Vehículo que
no posee dispositivo isotermo, lo
que hacía imposible la continuidad en la cadena de frío. El pescado carecía de
documentación que acreditará su legal procedencia y etiquetado que demuestre su
trazabilidad.
Según manifestó el conductor del vehículo, un
vecino de Isla Cristina (Huelva), el
pescado procedente de Huelva tenía como destino su venta en Madrid, hechos que
la Guardia Civil investiga.
Facultativos veterinarios del Gobierno de
Extremadura, levantaron acta de al considerar el género no apto para el consumo
humano, quedando el pescado a
disposición de la autoridad competente.
Ahora el
infractor de los hechos se enfrenta a sanciones administrativas, tanto a la
legislación de salud pública como a la Ley de Pesca Marítima.
Tras la inspección de la carga que transportaba, los agentes intervinieron 241 cajas de pescado de la especie “bacaladilla” y “pijotas”, que carecía de las mínimas condiciones estipuladas en la legislación para su posterior consumo.
Vehículo que no posee dispositivo isotermo, lo que hacía imposible la continuidad en la cadena de frío. El pescado carecía de documentación que acreditará su legal procedencia y etiquetado que demuestre su trazabilidad.
Según manifestó el conductor del vehículo, un vecino de Isla Cristina (Huelva), el pescado procedente de Huelva tenía como destino su venta en Madrid, hechos que la Guardia Civil investiga.
Facultativos veterinarios del Gobierno de Extremadura, levantaron acta de al considerar el género no apto para el consumo humano, quedando el pescado a disposición de la autoridad competente.
Ahora el infractor de los hechos se enfrenta a sanciones administrativas, tanto a la legislación de salud pública como a la Ley de Pesca Marítima.


















