En primer lugar, Huertas destaca los bajos precios que perciben los productores, que no cubren los costes de producción. En los últimos años esta situación se ha ido haciendo cada vez más “insostenible”, debido a las prácticas abusivas empleadas por la industria y la distribución con la utilización de productos reclamo como la carne de pollo o el aceite de oliva y que supone la venta a pérdidas de estos productos. Desde UPA hemos denunciado estas acciones ante la Agencia de Información y Control Agroalimentarios, dependiente del Ministerio de Agricultura. Para Huertas, la recién aprobada Ley de la Cadena Agroalimentaria debe dar respuesta a estas situaciones de desequilibrio, por lo que la denuncia de UPA “pondrá a prueba la eficacia del organismo para ver si realmente es un instrumento útil en la lucha contra los abusos de las grandes multinacionales”. 

Otro de los problemas fundamentales es el retraso de los pagos a los productores, que tienen que acometer nuevas campañas sin haber cobrado las anteriores. Unido a la falta de financiación del sector, esto supone que muchos agricultores y ganaderos no puedan asumir los costes de las siguientes campañas.

En referencia a la nueva Política Agraria Común y su aplicación en la región, y coincidiendo con el final del periodo de solicitudes de la PAC 2014, denunciamos la falta de claridad, información y negociación con el sector. Para Ignacio Huertas, aspectos clave como la regionalización del pago básico, la principal ayuda hasta 2020, aún no se conoce.  

El secretario general de UPA-UCE también señala la “crítica situación de los regantes” ante la subida de las tarifas eléctricas y los altos costes del regadío extremeño, que han disparado el coste del agua en los últimos tiempos hasta llegar a una situación “insostenible”. Por ello, Huertas expresa su preocupación en el inicio de la presente campaña de riego, ya que desde los Gobiernos nacional y regional “no se han planteado soluciones para resolver un problema generado por la propia Administración al modificar la legislación en materia energética, que perjudica especialmente al regadío”. Por tanto, desde UPA-UCE Extremadura exigimos unos costes razonables para la supervivencia de estas producciones, que son tan importantes desde el punto de vista económico y social para la región.

En cuanto a la situación del sector agroganadero en la región, Huertas señala la “falta de presupuesto suficiente para los seguros agrarios” por parte de la Administración autonómica como una muestra más del desinterés del Ejecutivo extremeño por una medida que desde UPA-UCE consideramos “un instrumento indispensable para el mantenimiento de la renta agraria y una garantía de futuro para el campo extremeño”.    

Así, estos son algunos de los temas que preocupan a los agricultores y ganaderos extremeños ya que decidirán en buena medida “el futuro del campo en la región”. De su resolución depende el mantenimiento de un sector primario fuerte, que se estructure como pilar fundamental de una agricultura y ganadería modernas, sostenibles y que permitan el desarrollo de un sector agroindustrial sólido que genere empleo y riqueza para el conjunto de Extremadura.