“La promotora está en concurso de acreedores y el banco está intentando cobrar como sea, en dinero o en propiedad. Pero mientras tanto está en manos de una administración concursal nombrada por el Juez en Madrid. Por tanto, hoy por hoy es imposible la expropiación”, señala.

Valdés señala que no es necesario llegar a esta solución que plantea el Campamento Dignidad porque el parque de viviendas sociales del Gobierno Extremeño puede cubrir las necesidades de las familias que hayan perdido su vivienda o que tengan dificultades para acceder a una vivienda libre, y de hecho es una labor que se está realizando con la mayor celeridad posible tanto desde la administración regional como desde los ayuntamientos.

Respecto al centro de salud de la zona Norte, que en los últimos meses ha sido objeto de robos que ya ascienden a un valor de 275.000 euros, según fuentes del Diario Hoy, Miguel Valdes recuerda que también la empresa que se encargaba de la construcción de este edificio entró en suspensión de pagos, lo cual bloquea el proyecto incluso para el propio Gobierno de Extremadura, que no ha podido volver a licitar las obras para que se termine el centro. Valdés lamenta que durante este tiempo el edificio haya sido objeto del saqueo y opina que habría que hacer un seguimiento a los materiales que se sustraen, como el hilo de cobre, que evidentemente tiene unos receptores que luego comercian con dichos materiales.