CCOO denuncia la próxima privatización de servicios públicos en el ámbito de la atención a la Discapacidad y el Apoyo educativo
CCOO de Extremadura denuncia que el Gobierno extremeño tiene la intención de privatizar y externalizar servicios públicos vitales que afectan a las personas más necesitadas y que presentan algún tipo de necesidad o necesitan de apoyo educativo.
La Federación de Enseñanza de CCOO indica que el pasado 11 de junio se modificaba el decreto que regula el Marco de Atención a la Discapacidad en Extremadura (MADEX), permitiendo a partir de ahora que servicios básicos, tales como el transporte o el mantenimiento de las instalaciones, puedan prestarse mediante concierto o contrato de servicios externos.
En el decreto se empeora además la situación económica de las asociaciones afectadas porque se vincula su dotación, no sólo a la disponibilidad presupuestaria, sino que se limita y condiciona a un nuevo índice “fantasma” que podrá sustituir al IPC.
Estas medidas contradicen el supuesto espíritu del propio decreto, que aboga por “favorecer la viabilidad económica de los centros y servicios incluidos en su ámbito de aplicación”.
Supondrán claramente una disminución de ingresos a las asociaciones especializadas en la atención a la discapacidad, con la consecuente pérdida de puestos de trabajo, y la incertidumbre de si podrán continuar favoreciendo la inserción social de estas personas.
Por otra parte, la Federación de Enseñanza de CCOO de Extremadura alerta igualmente de una reciente convocatoria estatal de subvenciones que permitirán a entidades privadas prestar servicios en los centros educativos públicos, para atender a alumnos con necesidades educativas especiales.
En otras palabras, se destinan subvenciones públicas a entidades privadas para gestionar un servicio que antes era público.
De esta manera, los recortes en plazas de profesorado de equipos psicopedagógicos, orientadores y profesorado especialista en apoyo educativo se compensan dando a los centros la posibilidad de externalizar el servicio educativo que prestaban antes de los recortes.
La utilización de personal privado en centros públicos, además del deterioro y sustitución del empleo público por otro de peor calidad y con menos derechos, constituye una usurpación de funciones por personas que, dada su modalidad de contratación, a través de empresas privadas, no reúnen los requisitos para llevar a cabo estas tareas en centro públicos.
El progresivo desmantelamiento del estado del bienestar en la región es ya un hecho y la estrategia para llevarlo a cabo es la misma que en otras regiones. El primer paso es desprestigiar al personal que presta los servicios públicos y difundir la idea de que la administración está sobredimensionada. Así se prepara la situación para el siguiente paso y llegan los recortes en plantillas y puestos de trabajo. Estos a su vez reducirán la calidad del servicio prestado y justificarán abrir la vía a la externalización y la privatización.
Puede que no afecte a todos los extremeños y extremeñas por igual, pero sí está perjudicando a las personas más débiles y necesitadas de solidaridad y servicios públicos de calidad.
La Federación de Enseñanza de CCOO indica que el pasado 11 de junio se modificaba el decreto que regula el Marco de Atención a la Discapacidad en Extremadura (MADEX), permitiendo a partir de ahora que servicios básicos, tales como el transporte o el mantenimiento de las instalaciones, puedan prestarse mediante concierto o contrato de servicios externos.
En el decreto se empeora además la situación económica de las asociaciones afectadas porque se vincula su dotación, no sólo a la disponibilidad presupuestaria, sino que se limita y condiciona a un nuevo índice “fantasma” que podrá sustituir al IPC.
Estas medidas contradicen el supuesto espíritu del propio decreto, que aboga por “favorecer la viabilidad económica de los centros y servicios incluidos en su ámbito de aplicación”.
Supondrán claramente una disminución de ingresos a las asociaciones especializadas en la atención a la discapacidad, con la consecuente pérdida de puestos de trabajo, y la incertidumbre de si podrán continuar favoreciendo la inserción social de estas personas.
Por otra parte, la Federación de Enseñanza de CCOO de Extremadura alerta igualmente de una reciente convocatoria estatal de subvenciones que permitirán a entidades privadas prestar servicios en los centros educativos públicos, para atender a alumnos con necesidades educativas especiales.
En otras palabras, se destinan subvenciones públicas a entidades privadas para gestionar un servicio que antes era público.
De esta manera, los recortes en plazas de profesorado de equipos psicopedagógicos, orientadores y profesorado especialista en apoyo educativo se compensan dando a los centros la posibilidad de externalizar el servicio educativo que prestaban antes de los recortes.
La utilización de personal privado en centros públicos, además del deterioro y sustitución del empleo público por otro de peor calidad y con menos derechos, constituye una usurpación de funciones por personas que, dada su modalidad de contratación, a través de empresas privadas, no reúnen los requisitos para llevar a cabo estas tareas en centro públicos.
El progresivo desmantelamiento del estado del bienestar en la región es ya un hecho y la estrategia para llevarlo a cabo es la misma que en otras regiones. El primer paso es desprestigiar al personal que presta los servicios públicos y difundir la idea de que la administración está sobredimensionada. Así se prepara la situación para el siguiente paso y llegan los recortes en plantillas y puestos de trabajo. Estos a su vez reducirán la calidad del servicio prestado y justificarán abrir la vía a la externalización y la privatización.
Puede que no afecte a todos los extremeños y extremeñas por igual, pero sí está perjudicando a las personas más débiles y necesitadas de solidaridad y servicios públicos de calidad.
