También se debería instaurar un sistema ágil de denuncias, incrementar los controles en las zonas conflictivas y reformar el código penal
APAG alerta sobre la necesidad imperiosa de activar un plan coordinado para frenar la creciente oleada de robos en el campo
APAG EXTREMADURA ASAJA quiere alertar sobre la necesidad “urgente” de activar un plan coordinado entre todas las administraciones públicas para frenar la creciente oleadas de robos que sufre el campo extremeño.
El
presidente de esta organización agraria, Manuel Laparra, considera
imprescindible que se tomen una serie de medidas, que además no supondría un
incremento económico de los entes públicos, sino que servirían como
herramientas imprescindibles para erradicar de una manera eficaz esta creciente
lacra. Así, Laparra pide una mayor coordinación entre las fuerzas del orden y
las guarderías del mundo rural, además de instaurar un sistema verdaderamente
ágil de denuncias e incrementar el control en aquellos puntos estratégicos
donde es por todos conocidos que se produce el intercambio de mercancías
ilegales robadas de las fincas. Estos casos son muy conocidos, por ejemplo, en
la comarca de Tierras de Barros, que bajo la justificación del rebusco lo que
se producen son verdaderos robos de la producción de las fincas y que se venden
luego con total normalidad en los puestos de venta ilegales que además no pagan
impuestos.
Todo
ello se completaría, como ha pedido Asaja Nacional al Ministro de Justicia,
Alberto Ruiz Gallardón en una reunión el pasado 10 de abril, con una reforma
del Código Penal para que todas las sustracciones en el campo sean consideradas
como delito y no como faltas en la actualidad, además de introducir la
reincidencia como agravante grave.
Manuel
Laparra ha trasladado ya a los responsables de las administraciones públicas en
diferentes encuentros periódicos, como en la Delegación del Gobierno, “la
frustración”, el “desamparo” y “el desánimo” entre los agricultores y ganaderos
ante la impunidad con la que actúan los asaltantes ante la falta de respuesta
policial, administrativa y judicial mientras sus cosechas son objeto de forma
continuada de robos y daños por actos vandálicos en sus infraestructuras y sus
explotaciones.
De
hecho, según las denuncias de los afectados que llegan a esta organización,
lejos de atajarse, durante este año se ha producido un incremento de este tipo
de delitos en prácticamente todas las comarcas extremeñas y en la actualidad
también en las que las cosechas, hoy en día, están pendientes de su
recolección.
Pero
también los amigos de lo ajeno se empeñan en robar transformadores, tendidos
eléctricos, placas solares, tubos e instalaciones de riego, aperos y maquinaria
agrícola o de ganado, etc.
También
queremos llamar la atención en una mejor coordinación en las labores de vigilancia
y control del campo, ya sean guardas de cotos, guardas rurales, guardas de
campo o guardas forestales junto a los miembros de la Guardia Civil.
Además,
Laparra se muestra a favor de un cambio en la tipificación del Código Penal
para que se elimine la consideración de falta y se cambie a delito cualquier
tipo de hurto en el mundo agrario, independientemente de la cuantía económica
que conlleve y sobre todo poner el acento en la reincidencia que se produce en
la mayoría de los casos, que debería de ser catalogada como un agravante.
En definitiva, aunque APAG
EXTREMADURA ASAJA considera que tanto los Ministerios de Agricultura, Justicia e
Interior están realizando avances en este sentido, todavía se está lejos de
reducir las cifras de robos en los campos, por lo que instamos a la toma de
decisiones acciones rápidas y contundentes ante la total desprotección de los
agricultores y ganaderos extremeños.
El presidente de esta organización agraria, Manuel Laparra, considera imprescindible que se tomen una serie de medidas, que además no supondría un incremento económico de los entes públicos, sino que servirían como herramientas imprescindibles para erradicar de una manera eficaz esta creciente lacra. Así, Laparra pide una mayor coordinación entre las fuerzas del orden y las guarderías del mundo rural, además de instaurar un sistema verdaderamente ágil de denuncias e incrementar el control en aquellos puntos estratégicos donde es por todos conocidos que se produce el intercambio de mercancías ilegales robadas de las fincas. Estos casos son muy conocidos, por ejemplo, en la comarca de Tierras de Barros, que bajo la justificación del rebusco lo que se producen son verdaderos robos de la producción de las fincas y que se venden luego con total normalidad en los puestos de venta ilegales que además no pagan impuestos.
Todo ello se completaría, como ha pedido Asaja Nacional al Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón en una reunión el pasado 10 de abril, con una reforma del Código Penal para que todas las sustracciones en el campo sean consideradas como delito y no como faltas en la actualidad, además de introducir la reincidencia como agravante grave.
Manuel Laparra ha trasladado ya a los responsables de las administraciones públicas en diferentes encuentros periódicos, como en la Delegación del Gobierno, “la frustración”, el “desamparo” y “el desánimo” entre los agricultores y ganaderos ante la impunidad con la que actúan los asaltantes ante la falta de respuesta policial, administrativa y judicial mientras sus cosechas son objeto de forma continuada de robos y daños por actos vandálicos en sus infraestructuras y sus explotaciones.
De hecho, según las denuncias de los afectados que llegan a esta organización, lejos de atajarse, durante este año se ha producido un incremento de este tipo de delitos en prácticamente todas las comarcas extremeñas y en la actualidad también en las que las cosechas, hoy en día, están pendientes de su recolección.
Pero también los amigos de lo ajeno se empeñan en robar transformadores, tendidos eléctricos, placas solares, tubos e instalaciones de riego, aperos y maquinaria agrícola o de ganado, etc.
También queremos llamar la atención en una mejor coordinación en las labores de vigilancia y control del campo, ya sean guardas de cotos, guardas rurales, guardas de campo o guardas forestales junto a los miembros de la Guardia Civil.
Además, Laparra se muestra a favor de un cambio en la tipificación del Código Penal para que se elimine la consideración de falta y se cambie a delito cualquier tipo de hurto en el mundo agrario, independientemente de la cuantía económica que conlleve y sobre todo poner el acento en la reincidencia que se produce en la mayoría de los casos, que debería de ser catalogada como un agravante.
En definitiva, aunque APAG EXTREMADURA ASAJA considera que tanto los Ministerios de Agricultura, Justicia e Interior están realizando avances en este sentido, todavía se está lejos de reducir las cifras de robos en los campos, por lo que instamos a la toma de decisiones acciones rápidas y contundentes ante la total desprotección de los agricultores y ganaderos extremeños.




















