La Policía Nacional lucha contra el fraude y el intrusismo laboral
La Policía Nacional, a través de la Unidad Territorial de Seguridad Privada de Badajoz, y dentro de las funciones que tiene atribuidas de investigación y detección de empresas que presten servicios de seguridad careciendo de autorización y del personal que trabaja en dichas empresas careciendo de la correspondiente habilitación, y tras varios meses de investigación, ha conseguido detectar a varias empresas de servicios no homologadas que realizaban las instalaciones de alarma conectándolas a centrales receptoras.
La investigación comenzó al detectar varios
anuncios tanto en la prensa escrita como
en diversas páginas de internet en los que se ofrecía, además de la
instalación completa del sistema de alarma, la conexión de éste a una central
receptora, encargada de avisar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en caso
necesario.
Una vez detectados estos anuncios sospechosos,
comenzaron a realizarse las inspecciones que establecen la legislación vigente
en materia de seguridad privada, detectando que varias de estas empresas no
estaban homologadas por la Dirección General de la Policía para realizar la
instalación de seguridad, tramitándose el correspondiente expediente
administrativo con propuesta de sanción muy grave, dirigidas a la Delegación
del Gobierno en Extremadura, órgano competente para resolver.
Igualmente, se incoó un expediente por
infracción grave a una empresa, que sí estaba habilitada por la Dirección
General de la Policía para instalación
de sistemas de alarma, por ser la que daba cobertura a todas las demás para
conectar las alarmas a las Centrales receptoras.
Durante la investigación, también fue
detectada y propuesta para sanción una empresa que no contaba con ningún
sistema de seguridad cuando legalmente estaba obligada a ello, así como a un
autónomo que, por su cuenta, montaba los sistema de alarma.
La investigación ha concluido con un total de
12 expedientes administrativos, 3 por infracciones leves, 3 por infracciones graves y 6 por infracción
muy grave, ascendiendo la cantidad de las sanciones propuestas por todas las
infracciones a 263.000 euros.
De todo lo actuado se ha dado cuenta a la
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social.
Esta Unidad
Territorial de Seguridad Privada de Extremadura, además de luchar contra el
intrusismo, tiene asignada otras funciones como la autorización, inscripción y
registro de nuevas empresas de Seguridad, Centros de Formación para su personal,
preparación y realización de exámenes de Jefes y Directores de Seguridad,
acreditación y registro de este personal, incluidos Detectives Privados, así
como el seguimiento, control e inspección de los servicios prestados por estas empresas
habilitadas, de los establecimientos obligados a disponer de medidas de
seguridad, de centros de formación de vigilantes de seguridad y de despachos de
detectives.
La investigación comenzó al detectar varios anuncios tanto en la prensa escrita como en diversas páginas de internet en los que se ofrecía, además de la instalación completa del sistema de alarma, la conexión de éste a una central receptora, encargada de avisar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en caso necesario.
Una vez detectados estos anuncios sospechosos, comenzaron a realizarse las inspecciones que establecen la legislación vigente en materia de seguridad privada, detectando que varias de estas empresas no estaban homologadas por la Dirección General de la Policía para realizar la instalación de seguridad, tramitándose el correspondiente expediente administrativo con propuesta de sanción muy grave, dirigidas a la Delegación del Gobierno en Extremadura, órgano competente para resolver.
Igualmente, se incoó un expediente por infracción grave a una empresa, que sí estaba habilitada por la Dirección General de la Policía para instalación de sistemas de alarma, por ser la que daba cobertura a todas las demás para conectar las alarmas a las Centrales receptoras.
Durante la investigación, también fue detectada y propuesta para sanción una empresa que no contaba con ningún sistema de seguridad cuando legalmente estaba obligada a ello, así como a un autónomo que, por su cuenta, montaba los sistema de alarma.
La investigación ha concluido con un total de 12 expedientes administrativos, 3 por infracciones leves, 3 por infracciones graves y 6 por infracción muy grave, ascendiendo la cantidad de las sanciones propuestas por todas las infracciones a 263.000 euros.
De todo lo actuado se ha dado cuenta a la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social.
Esta Unidad Territorial de Seguridad Privada de Extremadura, además de luchar contra el intrusismo, tiene asignada otras funciones como la autorización, inscripción y registro de nuevas empresas de Seguridad, Centros de Formación para su personal, preparación y realización de exámenes de Jefes y Directores de Seguridad, acreditación y registro de este personal, incluidos Detectives Privados, así como el seguimiento, control e inspección de los servicios prestados por estas empresas habilitadas, de los establecimientos obligados a disponer de medidas de seguridad, de centros de formación de vigilantes de seguridad y de despachos de detectives.
