CSI-F considera que esta decisión de los responsables del consistorio es la salida más fácil a pesar de que, durante las negociaciones del pasado ERE, se pusieron  encima de la mesa fórmulas alternativas que reducían gastos innecesarios o sobredimensionados.

No es aceptable que se recorte por la parte más débil, el trabajador, y no se intente controlar más el gasto público. Ninguno de los  28 trabajadores despedidos tiene porque pagar con su trabajo la mala gestión económica de los diferentes equipos de gobierno locales.

Con estos despidos, el Gobierno local de Mérida vuelve a cargar sobre los empleados públicos las medidas de sacrificio en la salida de la crisis cuando lo que deberían hacer es garantizar el servicio público que tienen que prestar al ciudadano y que tienen que servir para crear empleo y no para lo contrario.

CSI-F advierte de que la administración no debe responder a criterios mercantilistas, sino de eficacia, eficiencia en el servicio al bien común y a los intereses generales.