IU conoce la legalidad del ERE pues ha aprobado procesos similares en otros ayuntamientos
La delegada de Personal, Leonor Nogales, recuerda que “en la última comisión informativa (21 de marzo) de celebrada antes del Pleno del mes de marzo los partidos de la oposición recibieron una copia de toda la documentación del ERE, el expediente completo; exactamente la misma documentación que han tenido los sindicatos”.
En esa misma Comisión Informativa se les ofreció toda la explicación del proceso y pudieron preguntar y comentar los aspectos que quisieron. Es decir, transparencia total por parte del Ayuntamiento en este aspecto”.
“Luego, en el Pleno del mes de marzo, que se celebró dos días después, nada dijeron ni preguntaron sobre el ERE. Ni IU, ni PSOE ni SIEX llevaron ninguna iniciativa sobre el ERE al Plano. Ni siquiera realizaron preguntas ni ruegos en este sentido. Quizás estaban más preocupados por irse de vacaciones de Semana Santa que por trabajar en analizar el documento que se les entregó”.
“En ningún momento el Ayuntamiento duda de la legalidad del ERE. Tampoco dudamos de la legalidad de todas y cada una de las medidas que hemos propuesto tanto en el Plan de Acompañamiento Social –rechazado por los sindicatos- como en la Propuesta Final –también rechazada por los sindicatos-. Estas medidas fueron presentadas y aprobadas por sindicatos como CC.OO en otros ayuntamientos que han aprobado EREs”.
“Por el contrario, es necesario señalar la escasa legalidad de las propuestas presentadas por CC.OO, que pedían una reducción de jornada sin modificar los contratos –algo ilegal-, romper los contratos con el OAR –ilegal- o elegir a las personas para los contratos de relevo, medida discriminatoria e ilegal”.
“Tanto IU como el PSOE, es decir, CC.OO pues la relación entre este sindicato y la oposición política es más que evidente –el anterior delegado de Personal socialista, Juan Espino, es miembro de este sindicato- han evitado un acuerdo beneficioso con los trabajadores afectados. Ese el drama: han preferido sus intereses políticos a los de los trabajadores”.
“IU debe conocer de sobra la legalidad de los ERE en un ayuntamiento pues este mismo partido aprobó, por ejemplo, un proceso similar en el Ayuntamiento de Sevilla. Precisamente en Andalucía, tanto IU como PSOE, que gobiernan en coalición sí que tienen motivos para preocuparse de las prácticas más que dudosas que han realizado en el “caso de los EREs” y que son motivo de investigación judicial”.
“Es necesario recordar que los 83 contratos incluidos en el ERE son contratos en fraude de ley, como así lo atestiguan distintas sentencias judiciales. Estas personas entraron a trabajar en virtud de contratos con una duración determinada pero se quedaron en el Ayuntamiento sin haber aprobado un proceso de oposiciones”.
“En la actualidad, el Ayuntamiento gasta cuatrocientos mil euros más al mes de lo que ingresa. Esa es la situación. Cuando fueron contratados estos 83 trabajadores el Ayuntamiento contaba con un presupuesto de más de setenta millones de euros mientras que en la actualidad apenas supera los cincuenta millones de euros”.
“En estos momentos, el Ayuntamiento está ultimando la documentación que se remitirá a la Inspección de Trabajo que a su vez tendrá un plazo de quince días para pronunciarse sobre el ERE”.
En esa misma Comisión Informativa se les ofreció toda la explicación del proceso y pudieron preguntar y comentar los aspectos que quisieron. Es decir, transparencia total por parte del Ayuntamiento en este aspecto”.
“Luego, en el Pleno del mes de marzo, que se celebró dos días después, nada dijeron ni preguntaron sobre el ERE. Ni IU, ni PSOE ni SIEX llevaron ninguna iniciativa sobre el ERE al Plano. Ni siquiera realizaron preguntas ni ruegos en este sentido. Quizás estaban más preocupados por irse de vacaciones de Semana Santa que por trabajar en analizar el documento que se les entregó”.
“En ningún momento el Ayuntamiento duda de la legalidad del ERE. Tampoco dudamos de la legalidad de todas y cada una de las medidas que hemos propuesto tanto en el Plan de Acompañamiento Social –rechazado por los sindicatos- como en la Propuesta Final –también rechazada por los sindicatos-. Estas medidas fueron presentadas y aprobadas por sindicatos como CC.OO en otros ayuntamientos que han aprobado EREs”.
“Por el contrario, es necesario señalar la escasa legalidad de las propuestas presentadas por CC.OO, que pedían una reducción de jornada sin modificar los contratos –algo ilegal-, romper los contratos con el OAR –ilegal- o elegir a las personas para los contratos de relevo, medida discriminatoria e ilegal”.
“Tanto IU como el PSOE, es decir, CC.OO pues la relación entre este sindicato y la oposición política es más que evidente –el anterior delegado de Personal socialista, Juan Espino, es miembro de este sindicato- han evitado un acuerdo beneficioso con los trabajadores afectados. Ese el drama: han preferido sus intereses políticos a los de los trabajadores”.
“IU debe conocer de sobra la legalidad de los ERE en un ayuntamiento pues este mismo partido aprobó, por ejemplo, un proceso similar en el Ayuntamiento de Sevilla. Precisamente en Andalucía, tanto IU como PSOE, que gobiernan en coalición sí que tienen motivos para preocuparse de las prácticas más que dudosas que han realizado en el “caso de los EREs” y que son motivo de investigación judicial”.
“Es necesario recordar que los 83 contratos incluidos en el ERE son contratos en fraude de ley, como así lo atestiguan distintas sentencias judiciales. Estas personas entraron a trabajar en virtud de contratos con una duración determinada pero se quedaron en el Ayuntamiento sin haber aprobado un proceso de oposiciones”.
“En la actualidad, el Ayuntamiento gasta cuatrocientos mil euros más al mes de lo que ingresa. Esa es la situación. Cuando fueron contratados estos 83 trabajadores el Ayuntamiento contaba con un presupuesto de más de setenta millones de euros mientras que en la actualidad apenas supera los cincuenta millones de euros”.
“En estos momentos, el Ayuntamiento está ultimando la documentación que se remitirá a la Inspección de Trabajo que a su vez tendrá un plazo de quince días para pronunciarse sobre el ERE”.
