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Extremadura | 30
Jueves, 07 de Marzo de 2013

La Asamblea aprueba por unanimidad un Plan para el pequeño comercio y el proyecto de ley de Gobierno Abierto de Extremadura

La Asamblea de Extremadura ha aprobado por unanimidad en el Pleno de hoy el Plan de Mejora de la Competitividad del Pequeño Comercio Minorista de Extremadura, elaborado por la Ponencia de la Comisión de Empleo y redactado con consenso de los tres grupos parlamentarios. Durante la intervención del portavoz de Izquierda Unida Verdes-SIEX, Pedro Escobar, ha recordado los graves problemas por los que atraviesa el sector, en especial el descenso en las ventas “porque la crisis ha disminuido la capacidad de compra de la ciudadanía, las dificultades de acceso al crédito para innovar o adaptarse a las nuevas situaciones, la baja productividad de las tiendas y la escasa renovación generacional”. Escobar ha recordado también “aquellos lejanos tiempos en los que Izquierda Unida estaba sola pidiendo una moratoria para la instalación de las grandes superficies comerciales, que se están quedando con todo el pastel del consumo en Extremadura, por lo que espero que este Plan no llegue demasiado tarde, ayude al sostenimiento del sector o su recuperación, lo que significaría que hemos acertado de pleno”.



El portavoz de IU espera que el Plan “transmita esperanza al pequeño y mediano comercio, sabiendo que es un Plan incompleto, porque hay cuestiones como los horarios comerciales que quedan fuera y en las que tenemos opciones distintas los diferentes grupos que estamos aquí y también las cuestiones fiscales, porque estuvimos y estamos en contra de la subida del IVA”. Aún así, Pedro Escobar ha resaltado que es importante que el Plan, a pesar de ser incompleto, cuente con el apoyo unánime de los tres grupos parlamentarios y espera que dé esperanzas y resultados entre el pequeño y mediano comercio de la región.

Por otra parte, la Asamblea también ha aprobado por unanimidad la propuesta de ley de Gobierno Abierto de Extremadura, formulada conjuntamente por los tres grupos parlamentarios. En este caso, el encargado de exponer la postura de IU ha sido su diputado Víctor Casco, quien ha destacado cómo durante los años de democracia se ha limitado el derecho de información y comunicación a la ciudadanía. Para Casco, esta ley es fruto de las movilizaciones sociales que “han exigido a sus representantes que actúen con transparencia y abran las puertas a la participación, porque la democracia no se puede reducir al voto de cinco segundos cada cuatro años”.

El diputado de IU considera el proyecto de ley de gobierno abierto aprobado hoy “una de las mejores que van a existir en este país”, a pesar de haber tenido que “sortear aquellas competencias de las que no somos plenipotenciarios”, pero que consigue hacer esta democracia más participativa y una ley que “se parece muy poco a la que actualmente se está debatiendo en el Congreso de los Diputados, limitada y limitante”.

Víctor Casco ha resaltado varios aspectos del proyecto de ley, por un lado, el reconocimiento “de el derecho de todo ciudadano a recibir de la administración pública la información que solicite”, frente “a la trampa del silencio administrativo, desterrado en esta ley”. Casco resalta también la obligatoriedad de las administraciones de “exponer la declaración de actividades, los salarios, los contratos públicos, las concesiones y convenios, las subvenciones, los planes urbanísticos, el presupuesto y el estado de su ejecución, los liberados, lo ceses y sus cuantías, toda esa información para que esté a libre disposición de los ciudadanos, para que la pueden ver y hacer uso de ella”.

Finalmente, para el diputado de IU, el tercer “gran pilar” de esta ley es el referente a la participación ciudadana, a través del “Consejo extremeño de ciudadanos y ciudadanas, que consiste en que se dialogue sin ningún tipo de exclusión con sus administradores, Junta y Parlamento, que podamos vernos las caras y asumir muchas de sus propuestas, debate público con preguntas de los ciudadanos”, sin tener que estar relacionado con el periodo electoral, “y la posibilidad de que 2.000 ciudadanos con sus firmas puedan presentar una propuesta normativa a la Asamblea y la Junta”, con la obligatoriedad de debatir sobre ellas.

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