Más de medio año de incertidumbre, desde que en noviembre comenzaran las movilizaciones, han tardado en conseguir un acuerdo que les permita pagar los antiguos préstamos y poder afrontar la campaña de fruta de la temporada 2010.

La deuda dejada por el anterior equipo directivo, con Manuel García como gerente, ascendía a 29 millones de euros y provocó manifestaciones populares apoyadas por todos los partidos y grupos políticos y sociales.

Manifestaciones en la plaza de Valdelacalzada, encierros en la cooperativa, tractoradas por la comarca e, incluso, una manifestación en Mérida.

Contra el exgerente, Manuel García

Tres socios, que forman parte del nuevo consejo rector, recibieron avisos de embargos por el impago de los seguros de campaña.

Más de un centenar de personas, entre socios y afectados por el caso de la cooperativa Caval de Valdelacalzada, protagonizaron una manifestación tranquila por las calles de Mérida el lunes día 10 de mayo.

La marcha partió desde la margen izquierda del río Guadiana, pasando por el Puente Romano, hasta llegar a la calle Graciano, donde está situada la asesoría propiedad del antiguo gerente de la central, pasando por la Plaza de España.

Una de las causas de la manifestación está en los avisos de embargos han recibido algunos socios a causa del impago de los seguros de campaña. Estas pólizas habían sido suscritas con Seasa, asesoría con vínculos familiares con el anterior gerente de la cooperativa, Manuel García.

Cuando Manuel García era el gerente, Seasa gestionaba los seguros con los que los agricultores de Caval aseguraban su cosecha cada año. Pero muchos no han podido pagar la correspondiente cuota debido a que no habían cobrado la fruta de la cosecha pasada.

Según los afectados la asesoría ha llevado el asunto al juzgado, que está remitiendo cartas a los afectados conminándoles a pagar. Si no, procederá al embargo preventivo de las subvenciones futuras que se reciban, además de casas y parcelas. Las notificaciones han llegado inicialmente a tres socios, aunque son más los que tienen el mismo problema.


Investigación Judicial

La mala gestión que generó 29 millones de euros y los posibles embargos ha llevado a que se abra una investigación judicial.

El actual Consejo Rector, cuyos miembros mostraron en el pasado una actitud crítica con la anterior gestión, se ha personado como acusación particular para clarificar la situación y depurar responsabilidades. Su presidente, Antonio Domínguez ha ratificado que la personación se ha formalizado ante el Juzgado de Instrucción nº 4 de Badajoz.

Los delitos que se imputan son falsedad de documentos, delitos societarios y de cobro de subvenciones públicas.