Tanto CCOO como la Plataforma del Tercer Sector consideran que la aprobación y puesta en marcha de esta ley es urgente ante la enorme necesidad social como consecuencia de la crisis y la política de ajustes y conciben la renta básica como un derecho que debe ser subjetivo y universal.

Ambas organizaciones estiman que se debe garantizar que los perceptores de las ayudas han de poder obtener los recursos tanto económicos como sociales suficientes para hacer frente a sus necesidades básicas y su integración social y laboral.

Igualmente, proponen que el periodo de percepción de la renta básica extremeña, así como su renovación y continuidad se extienda mientras se mantengan las circunstancias que motivaron su concesión.

Por otra parte, CCOO y la Plataforma del Tercer Sector apuntan que esta ayuda no puede estar concebida únicamente como una prestación social de asistencia, sino que debe estar vinculada a otros factores como la inserción laboral y la formación para poder encontrar un puesto de trabajo.

Por otro lado, se reclama al Gobierno regional que deje de utilizar la elaboración de esta ley para salir continuamente a los medios de comunicación y agilice los procesos para su aprobación ante la perentoria necesidad de muchos extremeños y extremeñas de ser ayudados por los poderes públicos.

En cualquier caso, CCOO está reclamando una renta mínima garantizada en todo el ámbito nacional que sirva como elemento central de una política de protección social para los más de dos millones de personas, unas 70.000 en Extremadura, que se han quedado sin ningún tipo de trabajo ni ingreso.

La Plataforma del Tercer Sector de Extremadura está compuesta la Plataforma Extremeña del Voluntariado; el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de Extremadura; La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de Extremadura; Cáritas Regional de Extremadura, Cruz Roja de Extremadura y la ONCE en el ámbito regional.