Este anteproyecto de ley aprobado por el Ejecutivo recientemente afecta de manera troncal a las condiciones laborales de  los 30.647 empleados públicos de la administración local extremeña  pero lo hace de forma más directa en unos 1.500.

Desde CSI-F rechazamos esta nueva normativa legal porque abre la puerta a la privatización de los servicios públicos y pone en riesgo puestos de trabajo. Por ello, reclamamos su negociación urgente en el ámbito de la Federación de Municipios y Provincias  de Extremadura (FEMPEX).

En este sentido, desde este sindicato reclamamos al Gobierno  un catálogo básico de servicios públicos con el que acotar las privatizaciones y que debería determinar aquellos servicios que deben prestarse única y exclusivamente por los empleados públicos.

Esta futura reforma del ámbito local, preocupa a CSI-F, ante los posibles despidos que podría acarrear, al igual que una merma de la calidad de los servicios que se prestan a los ciudadanos. Además, en ningún caso aceptaremos la modificación unilateral de las condiciones de trabajo de los empleados locales, por lo que exigimos garantías sobre la estabilidad laboral del colectivo.

CSI-F considera que los empleados públicos deben ejercer un papel central y protagonista en esta reforma de las administraciones, que se debe garantizar la estabilidad de los puestos de trabajo y los servicios públicos esenciales que reciben los ciudadanos y que se debe evitar que esta reforma se produzca a costa de la privatización o externalización masiva de entes y organismos y el empeoramiento de las condiciones laborales.