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Extremadura | 34
Miércoles, 16 de Enero de 2013

Julián Carretero considera que la propuesta de la Plataforma por la Ley de una Renta Básica es una buena base para negociar esta normativa

El secretario general de CCOO de Extremadura, Julián Carretero, considera que la propuesta que ha presentado en la Asamblea de Extremadura la Plataforma por la Ley de una Renta Básica es una buena base con la que negociar esta normativa y contiene alguna de las premisas fundamentales que el sindicato ha defendido siempre sobre esta cuestión.



A su juicio, esta propuesta cuenta con un respaldo importante de firmas de la ciudadanía que han de ser tenidas en cuenta y destaca que coincide con la pretensión que viene defendiendo CCOO desde hace años de que la renta básica sea considerada como un derecho subjetivo y con aspiración universal.

Para Carretero, “lo que se sabe del proyecto planteado por el Partido Popular parece más un gesto de cara a la galería, ya que el número de personas que podrían beneficiarse de este derecho es muy reducido y se limita la concepción de la renta básica a un derecho no reconocido como subjetivo y muy condicionado”.

En concreto, CCOO calcula que en el momento actual hay alrededor de 70.000 personas en la región sin ningún tipo de cobertura, mientras que, con lo que se conoce por los medios de comunicación de la propuesta del Gobierno, sólo se atendería a cerca de un residual 5 por ciento.

Por otro lado, Julián Carretero afirma que no se puede dilatar más en el tiempo la discusión y aprobación de esta ley, puesto que la situación de necesidad apremia a los grupos políticos a poner en marcha estas ayudas.

En ese sentido recuerda que los sindicatos lograron que tanto el anterior Gobierno como el actual se comprometieran en varios acuerdos importantes a sacar adelante una ley regional de renta o subsidio básico enmarcada dentro de un acuerdo de política social.

En su opinión, la concesión de esta ayuda debe estar ligada a facilitar y promover la inserción laboral de las personas que la perciben. Debe vincularse, por tanto, a las políticas activas de empleo y a itinerarios formativos que permitan a los perceptores encontrar un puesto de trabajo y salir de la situación de riesgo de exclusión social en la que se encuentran.

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