APAG EXTREMADURA ASAJA considera que las conclusiones del Grupo de Alto Nivel hacen tambalear la estabilidad del sector del vino
Los viticultores asociados a APAG EXTREMADURA ASAJA han mostrado su completa insatisfacción con las conclusiones aportadas recientemente por el Grupo de Alto Nivel Europeo (GAN), que congrega a autoridades de los Estados Miembros, representantes del sector y observadores del Parlamento Europeo y Croacia.
A pesar de que este estudio muestra algunos
aspectos positivos y es algo más flexible al planteamiento inicial, como el
reconocimiento de que una liberalización absoluta llevaría a la ruina absoluta
el sector. Manuel Laparra, presidente de esta organización agraria, considera
que este nuevo sistema resulta muy escaso en sus planteamientos y no aboga
abiertamente por un mecanismo que se asemeje al control actual que regula el
cultivo del vino, que ha demostrado su eficacia.
Por eso, precisamente, no entendemos cómo si
el sistema vigente ha logrado, en líneas generales, el sostenimiento de las
zonas vitícolas, sobre todo en Extremadura, se intenta ahora cambiar una
regulación que no necesita ningún tipo de cambio porque ha demostrado ser un
modelo productivo puntero y que se encuentra completamente estabilizado. “La
incoherencia es absoluta y puede tener como resultado que se haga tambalear las
bases de un sector muy productivo”, recalca Laparra.
En este sentido, hay que recordar que en el
periodo 2008-2011, se destinó un presupuesto económico importante, ante la alta
oferta existente en el sector, para que muchos titulares de viñedos abandonaran
definitivamente sus producciones, arrancándose hasta 90.000 viñas en todo el
país, cuestión que choca con las perspectivas actuales de producir de forma
indiscriminada.
De ahí que reivindiquemos que todas las
administraciones públicas, empezando por el Ministerio de Agricultura,
mantengan una postura firme, a favor de la continuidad del sistema actual, y
sobre todo presionen en la medida de sus posibilidades hasta el final de las
negociaciones.
APAG EXTREMADURA ASAJA también considera clave
que en los nuevos planteamientos tenga el mayor peso posible los productores
europeos y no, como parece hasta el momento, la mayor parte de los industriales
cuyas tesis provocarían un auténtico desastre en el sector del vino.
En caso contrario, un sistema de
liberalización total del sector conllevaría, de forma irremediable, un
desmantelamiento de proporciones incalculables para unas explotaciones
vitivinícolas que aportan empleo y sostenibilidad a las zonas rurales
extremeñas, desmantelando el tejido agroindustriales de las zonas más
productivas de la región.
Además, tendría unas consecuencias dramáticas
para el consumidor par el desequilibrio que se produciría entre la oferta y la demanda
del vino y también de cara a los precios de la uva. De otro lado, el actual
sistema ha aumentado la eficacia en la competitividad de los vinos europeos
frente al mercado de los terceros países. “Se está dando la impresión de que se
está dejando pasar el tiempo y no se está poniendo todo el empeño posible para
defender a los viticultores extremeños”, critica Laparra.
A pesar de que este estudio muestra algunos aspectos positivos y es algo más flexible al planteamiento inicial, como el reconocimiento de que una liberalización absoluta llevaría a la ruina absoluta el sector. Manuel Laparra, presidente de esta organización agraria, considera que este nuevo sistema resulta muy escaso en sus planteamientos y no aboga abiertamente por un mecanismo que se asemeje al control actual que regula el cultivo del vino, que ha demostrado su eficacia.
Por eso, precisamente, no entendemos cómo si el sistema vigente ha logrado, en líneas generales, el sostenimiento de las zonas vitícolas, sobre todo en Extremadura, se intenta ahora cambiar una regulación que no necesita ningún tipo de cambio porque ha demostrado ser un modelo productivo puntero y que se encuentra completamente estabilizado. “La incoherencia es absoluta y puede tener como resultado que se haga tambalear las bases de un sector muy productivo”, recalca Laparra.
En este sentido, hay que recordar que en el periodo 2008-2011, se destinó un presupuesto económico importante, ante la alta oferta existente en el sector, para que muchos titulares de viñedos abandonaran definitivamente sus producciones, arrancándose hasta 90.000 viñas en todo el país, cuestión que choca con las perspectivas actuales de producir de forma indiscriminada.
De ahí que reivindiquemos que todas las administraciones públicas, empezando por el Ministerio de Agricultura, mantengan una postura firme, a favor de la continuidad del sistema actual, y sobre todo presionen en la medida de sus posibilidades hasta el final de las negociaciones.
APAG EXTREMADURA ASAJA también considera clave que en los nuevos planteamientos tenga el mayor peso posible los productores europeos y no, como parece hasta el momento, la mayor parte de los industriales cuyas tesis provocarían un auténtico desastre en el sector del vino.
En caso contrario, un sistema de liberalización total del sector conllevaría, de forma irremediable, un desmantelamiento de proporciones incalculables para unas explotaciones vitivinícolas que aportan empleo y sostenibilidad a las zonas rurales extremeñas, desmantelando el tejido agroindustriales de las zonas más productivas de la región.
Además, tendría unas consecuencias dramáticas para el consumidor par el desequilibrio que se produciría entre la oferta y la demanda del vino y también de cara a los precios de la uva. De otro lado, el actual sistema ha aumentado la eficacia en la competitividad de los vinos europeos frente al mercado de los terceros países. “Se está dando la impresión de que se está dejando pasar el tiempo y no se está poniendo todo el empeño posible para defender a los viticultores extremeños”, critica Laparra.
