El Ejecutivo regional subraya asimismo que si bien la función de la Administración nacional es velar por el cumplimiento de la normativa básica del Estado, en el caso de Extremadura no debe ser motivo de preocupación, porque el Gobierno autonómico ha estudiado de manera precisa la legislación, por lo que no hará falta interponer ningún recurso ante el Tribunal Constitucional.

El Gobierno de Extremadura desea destacar al respecto que siempre, de manera sistemática, procede de manera escrupulosa con la legalidad y, por supuesto, mantiene en todo momento una actitud de lealtad hacia las decisiones del Gobierno de España.

El GobEx precisa que la paga extra de diciembre no se restituye. En este sentido, se cumple con puridad con el RD-Ley 20/2012 y la normativa autonómica que lo implementa (DL 2/2012), que además de recoger la medida estatal de suspensión contempla la supresión de la paga extra a altos cargos.

La medida normativa que se prevé aprobar supone que las dos pagas presupuestadas se abonen antes de su devengo, anticipándose el pago de la extra de junio a enero y la de diciembre al mes de julio, contemplándose un horizonte temporal de tres ejercicios presupuestarios, para que en el momento en que el Estado acuerde la restitución, de la forma en que sea, a través de sus leyes de presupuestos, vuelva a coincidir el devengo con el pago.

En definitiva, supone una secuencia adelantada de pagos que en la práctica regulariza el completo abono de los derechos económicos de los empleados públicos.