Si el poder judicial y el legislativo no hacen cumplir las leyes en igualdad de condiciones con cualquier grupo de poder económico o político, incluidos los partidos políticos que nos representan en el Parlamento, los ciudadanos perderemos toda credibilidad en la democracia  y en las instituciones del Estado de Derecho.

Tolerancia cero contra  cualquier tipo de corrupción, llámese inmobiliaria, información privilegiada, fraude o sobornos. España tiene que desterrar para siempre la cultura del pelotazo de los últimas décadas, para que los españoles recuperen de nuevo la credibilidad en los partidos políticos.

El Gúrtel  y el caso Malaya en Marbella y otros varios de otras Comunidades de España son la punta del iceberg del mayor escándolo de corrupción de nuestra joven democracia. Los partidos se nutren de los ciudadanos con presunción de honradez hasta que se demuestra  que algunos  son todo lo contrario, en ése momento los partidos tienen que actuar sin contemplaciones cuando uno de sus compañeros en cogido con las manos en la masa de la corrupción o de otro tipo de fraudes o sobornos. Todo militante de un partido que se descubra que se está aprovechando de su condición política para enriquecerse debe ser expulsado de su militancia.

En cuanto a la justicia, no solo debe ser la ejecutora de la ley contra los demás, sino ejercerla con rigor también cuando  un miembro de su colectivo no cumple con su deber. La justicia debe ser justa y neutral la dicte  un juez conservador o progresistas, mientra existan contradicciones entre los propios  jueces por temas ideológicos  los ciudadanos  dejaremos de creer en la neutralidad de la justicia de los jueces.