CCOO demanda un proceso negociador para impedir el empeoramiento de las condiciones laborales del profesorado en caso de baja médica
CCOO de Extremadura demanda a la Consejería de Educación que negocie cuanto antes las nuevas condiciones laborales de los docentes extremeños, para impedir el empeoramiento que conlleva la nueva normativa estatal, con una reducción generalizada de las prestaciones en caso de baja médica.
Los cambios introducidos por la normativa aprobada en julio por el Gobierno estatal entrarán en vigor el próximo 16 de octubre, pero la Administración autonómica tiene de plazo hasta el 15 de octubre para concretar su aplicación en temas tan importantes como las prestaciones en caso de baja médica del personal docente.
La relajación de la que hace gala la Consejería de Educación, mantiene en vilo a sus trabajadores y genera incertidumbre a los equipos directivos de los centros.
Por ello, la Federación de Enseñanza de CCOO ha elaborado documentos informativos para que los funcionarios docentes sepan cómo les afectará el nuevo tratamiento que esta legislación le confiere a las prestaciones debidas a incapacidades temporales por enfermedad.
Los hechos indiscutibles son que todos los funcionarios recibirán el mismo trato en cuanto a la reducción de haberes en caso de enfermedad. Se trata de un nuevo recorte en retribuciones, a sumar a la pérdida de poder adquisitivo que en los últimos 5 años ronda el 30%.
La pérdida de retribuciones para aquellos funcionarios que se encuentren enfermos es indiscutible, ya que a partir del próximo 15 de octubre, y si las negociaciones no son fructuosas, en caso de baja por este motivo dejarían de percibir el sueldo íntegro durante los tres primeros días; del 4 al 20 sólo podrían cobrar un 60 por ciento de sus retribuciones, y un 75 por ciento a partir del día 21 de la incapacidad.
Únicamente la negociación colectiva puede mejorar esta situación hasta los límites máximos que la normativa aprobada en julio establece.
Desde CCOO, se exige a la Administración un compromiso con sus trabajadores, ya de por sí mermados en sus derechos con medidas anteriores, y que realmente cumpla la promesa de conducirse, con rigor y diálogo, como anunció al inicio de su legislatura.
Para CCOO, es también el momento de retomar la negociación de la ampliación del catálogo de enfermedades profesionales.
El camino que se debe recorrer entre la aparición de la patología que se cree que es de origen laboral y su diagnóstico y reconocimiento efectivo como contingencia profesional resulta, la mayoría de las veces, tortuoso. Los mecanismos para la correcta declaración y notificación de la enfermedad profesional fallan. Este problema es reconocido incluso por las autoridades, que han aplicado varias reformas al sistema de vigilancia y notificación con, desgraciadamente, escaso impacto en su mejora.
Desde el año 2006 no se actualiza el cuadro de enfermedades profesionales y, por ejemplo, en el caso del personal docente, la única reconocida son los nódulos de las cuerdas vocales a causa de los esfuerzos sostenidos de la voz. Otras, como el estrés o el Síndrome de Burnout, aún están fuera de esa categoría.
Los cambios introducidos por la normativa aprobada en julio por el Gobierno estatal entrarán en vigor el próximo 16 de octubre, pero la Administración autonómica tiene de plazo hasta el 15 de octubre para concretar su aplicación en temas tan importantes como las prestaciones en caso de baja médica del personal docente.
La relajación de la que hace gala la Consejería de Educación, mantiene en vilo a sus trabajadores y genera incertidumbre a los equipos directivos de los centros.
Por ello, la Federación de Enseñanza de CCOO ha elaborado documentos informativos para que los funcionarios docentes sepan cómo les afectará el nuevo tratamiento que esta legislación le confiere a las prestaciones debidas a incapacidades temporales por enfermedad.
Los hechos indiscutibles son que todos los funcionarios recibirán el mismo trato en cuanto a la reducción de haberes en caso de enfermedad. Se trata de un nuevo recorte en retribuciones, a sumar a la pérdida de poder adquisitivo que en los últimos 5 años ronda el 30%.
La pérdida de retribuciones para aquellos funcionarios que se encuentren enfermos es indiscutible, ya que a partir del próximo 15 de octubre, y si las negociaciones no son fructuosas, en caso de baja por este motivo dejarían de percibir el sueldo íntegro durante los tres primeros días; del 4 al 20 sólo podrían cobrar un 60 por ciento de sus retribuciones, y un 75 por ciento a partir del día 21 de la incapacidad.
Únicamente la negociación colectiva puede mejorar esta situación hasta los límites máximos que la normativa aprobada en julio establece.
Desde CCOO, se exige a la Administración un compromiso con sus trabajadores, ya de por sí mermados en sus derechos con medidas anteriores, y que realmente cumpla la promesa de conducirse, con rigor y diálogo, como anunció al inicio de su legislatura.
Para CCOO, es también el momento de retomar la negociación de la ampliación del catálogo de enfermedades profesionales.
El camino que se debe recorrer entre la aparición de la patología que se cree que es de origen laboral y su diagnóstico y reconocimiento efectivo como contingencia profesional resulta, la mayoría de las veces, tortuoso. Los mecanismos para la correcta declaración y notificación de la enfermedad profesional fallan. Este problema es reconocido incluso por las autoridades, que han aplicado varias reformas al sistema de vigilancia y notificación con, desgraciadamente, escaso impacto en su mejora.
Desde el año 2006 no se actualiza el cuadro de enfermedades profesionales y, por ejemplo, en el caso del personal docente, la única reconocida son los nódulos de las cuerdas vocales a causa de los esfuerzos sostenidos de la voz. Otras, como el estrés o el Síndrome de Burnout, aún están fuera de esa categoría.
