Los Funcionarios de Justicia, los primeros en perder la paga de Navidad en Extremadura
Los empleados públicos que trabajan en la Administración de la Justicia serán el primer colectivo de funcionarios de Extremadura a los que se les detraerá la paga extra de Navidad, ya que se les retirará de las nóminas correspondientes al mes de septiembre como consecuencia del ordenamiento jurídico que regula sus condiciones laborales y que les supone un descuento mensual de unos 250 euros netos.
“Y es que las cerca
de 1.000 personas que trabajan en los Juzgados y Tribunales de la región se rigen por la Ley Orgánica del Poder
Judicial, por lo que el Gobierno ha querido, unilateralmente, adaptar la
aplicación del decreto de julio, en el que se aprobaba la supresión de la paga
de Navidad, a la citada normativa.
Así, el recorte de
la paga a este colectivo de funcionarios (gestores, tramitadores, auxilio
judicial, forenses, etc.) se va a concretar detrayendo su importe del sueldo
base y los trienios mes a mes, desde septiembre hasta diciembre.
Un circunstancia
que implica una disminución de la nómina presente, pero también de la futura,
en tanto que las futuras pensiones también se verán afectadas a la baja por
estos recortes.
CSI-F no considera
acertadas la intenciones del Ministerio
de Justicia que quiere hacer una serie de reformas que afectan al ámbito
laboral de sus empleados en la futura reforma de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, donde se incluye el recorte de los “moscosos” (días de libre
disposición), la supresión de los “canosos”(días por antigüedad), o la
suspensión del régimen retributivo en casos de licencia por enfermedad.
Esta central sindical considera
que esta reforma va dirigida a coaccionar al trabajador, que además del
trastorno que padece por enfermedad, se le castiga con una importante rebaja
salarial sine die. Tampoco es admisible que
la reforma de la Ley Orgánica pretenda establecer un régimen de movilidad
forzosa que implicará un cambio de municipio, lo que supone un plus de recortes
extra del Ministerio para todos los funcionarios de Justicia que trabajan en
Extremadura”.
“Y es que las cerca de 1.000 personas que trabajan en los Juzgados y Tribunales de la región se rigen por la Ley Orgánica del Poder Judicial, por lo que el Gobierno ha querido, unilateralmente, adaptar la aplicación del decreto de julio, en el que se aprobaba la supresión de la paga de Navidad, a la citada normativa.
Así, el recorte de la paga a este colectivo de funcionarios (gestores, tramitadores, auxilio judicial, forenses, etc.) se va a concretar detrayendo su importe del sueldo base y los trienios mes a mes, desde septiembre hasta diciembre.
Un circunstancia que implica una disminución de la nómina presente, pero también de la futura, en tanto que las futuras pensiones también se verán afectadas a la baja por estos recortes.
CSI-F no considera acertadas la intenciones del Ministerio de Justicia que quiere hacer una serie de reformas que afectan al ámbito laboral de sus empleados en la futura reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, donde se incluye el recorte de los “moscosos” (días de libre disposición), la supresión de los “canosos”(días por antigüedad), o la suspensión del régimen retributivo en casos de licencia por enfermedad.
Esta central sindical considera que esta reforma va dirigida a coaccionar al trabajador, que además del trastorno que padece por enfermedad, se le castiga con una importante rebaja salarial sine die. Tampoco es admisible que la reforma de la Ley Orgánica pretenda establecer un régimen de movilidad forzosa que implicará un cambio de municipio, lo que supone un plus de recortes extra del Ministerio para todos los funcionarios de Justicia que trabajan en Extremadura”.
