Ese anuncio de reforma no obedece a otros argumentos que a los estrictamente ideológicos. El derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y sus vidas está enfrentado con el prototipo de feminidad que discrimina a las mujeres y que pretende imponer el Gobierno del PP, abarcando un grave retroceso en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres retrotrayéndonos a un escenario con supuestos mucho más restrictivos que los de la ley de 1985.

Desde el PSOE de Extremadura se exige al Gobierno de Rajoy el mantenimiento de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo para continuar salvaguardando el derecho que asiste a todas las mujeres de ejercer voluntariamente la interrupción de un embarazo proporcionando seguridad jurídica y sanitaria para el ejercicio del mismo.